La ministra Ximena Lincolao se sumó a la lista de autoridades agredidas en el ejercicio de sus funciones, un fenómeno que reabre el debate en el Gobierno y el Congreso sobre penas, protección a autoridades y medidas disciplinarias en el ámbito universitario.
En Chile, agresiones a figuras políticas han marcado la agenda pública en los últimos años, con incidentes que van desde ataques en recintos universitarios hasta episodios en espacios públicos.
El caso más reciente identificado por la prensa incorpora a la ministra Ximena Lincolao entre las autoridades afectadas. Según la cobertura, la legislación vigente contempla penas “bajas” para los delitos tipificados como atentado contra la autoridad, lo que genera cuestionamientos sobre la efectividad de las sanciones actuales.
El Gobierno evalúa medidas adicionales para enfrentar estos hechos, entre ellas la posibilidad de “quitar la gratuidad a estudiantes que se vean involucrados” en actos violentos, una propuesta que ha provocado polémica entre distintos sectores.
El episodio de 2018 en Iquique, cuando el entonces candidato José Antonio Kast fue agredido en una universidad, es uno de los antecedentes citados. Semanas después se registró un incidente similar en Temuco, también en recintos de educación superior. Otros hechos recordados en la cobertura incluyen cuando la ex Presidenta Michelle Bachelet fue escupida durante una campaña en Arica; el momento en que el ex Presidente Sebastián Piñera fue “mojado” por una estudiante en La Moneda; y el lanzamiento de una piedra en la región de Coquimbo que impactó a un asesor del ex Presidente Gabriel Boric.
Las reacciones políticas han sido mixtas. Muchos casos culminan con querellas presentadas por las autoridades afectadas. “Algunos parlamentarios han propuesto endurecer las penas y ampliar las medidas de protección a las autoridades”, mientras que “otros llaman a la cautela y a no restringir los derechos de manifestación y protesta”, según la nota.
La discusión también ha cruzado el debate sobre gratuidad y el acceso a la educación, al proponerse sanciones administrativas que afectarían beneficios estudiantiles en casos de condena por delitos violentos. Esa medida, de avanzar, podría abrir un nuevo foco de controversia entre el Ejecutivo, el Congreso y la comunidad académica.
