El Presidente José Antonio Kast firmó pasadas las 21:30 horas seis decretos de emergencia que ordenan medidas urgentes en control migratorio, auditoría de recursos públicos, permisología y reconstrucción, con énfasis en la Macrozona Norte y sectores afectados por incendios.
El primer instructivo “crea una política de cierre de fronteras” y delimita “una zona militar” en el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia, según el decreto firmado con la presencia del ministro de Defensa, Fernando Barros. La medida se aplicará en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta e implica “incremento de medios militares”, uso de drones y sensores optrónicos, y mejoramiento de las comunicaciones críticas en la zona fronteriza, además de coordinar al Ejército con los ministerios de Defensa, Obras Públicas y Bienes Nacionales.
En otro decreto se formaliza el nombramiento del vicealmirante (r) Alberto Soto como “comisionado para la Macrozona Norte”, cargo que dependerá del Ministerio del Interior y que, “aunque no tendrá atribuciones ejecutivas”, actuará como articulador entre delegaciones, ministerios y fuerzas en la región. El comisionado tendrá como funciones aplicar el plan migratorio en Arica, Tarapacá y Antofagasta, supervisar la persecución de delitos transnacionales y coordinar a las FF.AA. y los servicios fiscalizadores. Soto ha visitado Colchane y se ha reunido con autoridades locales y con el equipo que elaboró el denominado Plan Escudo Fronterizo.
El Gobierno también autorizó la creación de “una fuerza de tarea para la auditoría interna del Estado”, que será liderada por los subsecretarios Máximo Pavez (Interior), Juan Pablo Rodríguez (Hacienda) y Constanza Castillo (Segpres). La instrucción establece que la auditoría alcanzará “a todos los ministerios e instituciones del Estado” y que sus responsables reportarán directamente al Presidente, con el objetivo de detectar irregularidades y denunciarlas bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad.
Respecto a permisos ambientales, la instrucción presidencial firmada con la presencia de los ministros Jorge Quiroz (Hacienda) y Francisca Toledo (Medio Ambiente) llama a resolver “51 recursos de reclamación pendientes” en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA). El decreto advierte que dichos atrasos estarían bloqueando inversión por “US$16 mil millones” y fija plazos: hasta “90 días corridos” para recursos vencidos, “30 días hábiles” para nuevos recursos ante la dirección ejecutiva del SEA y “60 días hábiles” para recursos ante el comité de ministros. Además, instruye que el SEA publique periódicamente estadísticas en su sitio web.
El Presidente designó al ministro de Vivienda, Iván Poduje, como “encargado de la reconstrucción” tras los incendios en Valparaíso, Ñuble y Biobío. El comité que liderará el Ministerio de Vivienda tendrá entre sus tareas elaborar propuestas de planes y programas de reconstrucción habitacional y urbana, coordinar territorialmente con otros organismos del Estado e “informar trimestralmente” al Mandatario. El comité estará integrado por los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Hacienda, Obras Públicas, Agricultura y la Subsecretaría de Desarrollo Regional.
Finalmente, Kast firmó la instrucción que viabiliza el denominado Plan Escudo Fronterizo, que el gobierno describe con cuatro ejes: “protección fronteriza”, “integración institucional”, “modernización tecnológica” y “Estado de derecho”. En la práctica, la iniciativa contempla la construcción de zanjas, muros, cercos perimetrales y torres de vigilancia; la creación de centros de internación para inmigrantes en situación irregular; y un despliegue permanente y rotativo de “3 mil efectivos de las FF.AA. y Carabineros”. El plan establece además la atención 24/7 en pasos fronterizos críticos —con especial foco en Colchane y Chacalluta— y asigna a Obras Públicas la supervisión de las obras que, según la instrucción, comenzarán “en los próximos días”.
Los próximos pasos incluyen la implementación en terreno de las medidas en la Macrozona Norte, la supervisión de las obras fronterizas por parte de Obras Públicas y el seguimiento trimestral del avance del comité de reconstrucción. Las decisiones tendrán impacto directo en el control migratorio, la inversión vinculada a proyectos ambientales y la reconstrucción de zonas afectadas por incendios. Sigue la cobertura política en portalnacional.cl.
