El Gobierno retiró de Contraloría la tramitación de una modificación al reglamento de la Ley Karin, medida enviada en los últimos días de la administración anterior que buscaba ajustar los procedimientos de investigación de acoso sexual y laboral en el trabajo.
La iniciativa, identificada como Decreto N°10 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, fue ingresada durante el gobierno de Gabriel Boric y ahora fue retirada por la administración de José Antonio Kast como parte de una revisión más amplia de decretos y proyectos heredados, indicó el Ejecutivo. La revisión incluye más de 100 normas, según la información oficial.
La decisión generó críticas desde la oposición. La diputada Ana María Gazmuri sostuvo en redes sociales que “el Gobierno retira de Contraloría el decreto que obligaba a investigar acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo” y advirtió que “no es ajuste técnico: es debilitar la protección a víctimas. Inaceptable”, según reportes de La Tercera.
Desde el gobierno anterior, exasesores y equipos del Ministerio del Trabajo explicaron que la modificación había surgido a partir de un monitoreo del primer año de vigencia de la Ley Karin, que mostró un alto volumen de denuncias que tensionó los procedimientos institucionales. La exjefa de asesores Ximena Valencia indicó que los cambios “buscaban hacer más claros y eficientes los procesos, resguardando principios como la perspectiva de género y la no revictimización”.
El subsecretario del Trabajo, Gustavo Rosende, defendió la revisión y descartó que ello suponga un debilitamiento de la normativa. “Aquí hay que ser claros: la ley sigue plenamente vigente y no se está debilitando ninguna obligación”, afirmó a La Tercera, y agregó que el Ejecutivo trabaja en una nueva propuesta reglamentaria tomando en cuenta “la experiencia acumulada y la opinión de distintos actores, incluyendo representantes de trabajadores, empleadores y organizaciones vinculadas”.
Rosende también sostuvo que la intención del gobierno es “respetar y promover de manera efectiva el espíritu de la Ley Karin, fortaleciendo la protección de las personas”.
La discusión sobre el retiro del decreto plantea interrogantes sobre los plazos y contenidos de la nueva reglamentación y su impacto en los estándares de protección, el debido proceso y la atención a denunciantes. Como próximo paso, el Ejecutivo anunció el desarrollo de una propuesta reglamentaria revisada, mientras la oposición y organizaciones vinculadas monitorearán su avance en Contraloría y en las instancias de fiscalización correspondientes.
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