El Gobierno anunció la suspensión temporal del proceso de remoción de Priscilla Carrasco, directora del SernamEG, luego de que la funcionaria presentara una licencia médica mientras enfrenta un tratamiento oncológico, informó esta mañana el ministro del Interior. La decisión reabrió el debate político en el Ejecutivo y en el Senado sobre la separación entre criterios institucionales y la situación personal de la autoridad.
Priscilla Carrasco, según relató ella misma en medios como CNN Chile, fue diagnosticada en junio de 2025 con cáncer de mamas triple negativo, con metástasis en el sistema linfático. Desde entonces ha estado en tratamiento: quimioterapia e inmunoterapia entre junio y diciembre, una operación en enero y actualmente quimioterapia oral e inmunoterapia cada 21 días. Carrasco ha señalado que permaneció trabajando y que no estaba con licencia hasta la reciente presentación del certificado médico.
El conflicto se inició cuando, en una reunión convocada el lunes con la subsecretaria Daniela Castro y la nueva jefa jurídica del ministerio, a Carrasco le solicitaron la renuncia a su cargo. Según la directora, la reunión “duró 10 minutos” y en ella no se expusieron causales; ella se negó a firmar. Tras esa negativa, comenzó a regir el plazo legal de 48 horas para que el Gobierno declarara la vacancia ante el Servicio Civil y, dentro de ese lapso, Carrasco presentó una licencia médica.
La Secretaría de Comunicaciones difundió previamente una minuta en la que se enfatizaba que la decisión de desvinculación era “institucional y no personal” y que “La salud es ámbito privado y no criterio de evaluación”. Ante la creciente polémica —que incluyó llamados desde filas de la propia coalición oficialista, como la senadora María José Gatica y la presidenta del Senado, Paulina Núñez— el ministro del Interior, Claudio Alvarado, indicó en Radio Pauta que el proceso quedó “en pausa”.
Alvarado explicó el criterio del Ejecutivo: “hay que mirar dos planos, un plano institucional y un plano personal humano. En el plano institucional, todo gobierno tiene que velar por la continuidad de un servicio y un cargo de ADP es un cargo de exclusiva confianza. Pero, obviamente, aquí hay un plano humano personal de una enfermedad que requiere, cierta empatía y que genera una preocupación ciudadana”, declaró el secretario de Estado. Y añadió: “En las últimas horas surgió un nuevo elemento: posterior a la notificación el ministerio recibió una licencia médica que tendría efectos retroactivos. Entonces este nuevo antecedente va a hacer que el ministerio, por el momento, pause esta decisión”.
Fuentes de Gobierno señalaron que la medida de retroceder en la remoción respondió a un criterio de “prudencia política” para descomprimir la crisis, en un momento en que el Ejecutivo enfrenta otras presiones por el alza de combustibles. En ese marco, desde La Moneda se recordó que, por tratarse de un cargo de confianza, existían atribuciones legales para forzar la salida; además, hay dictámenes recientes de la Corte Suprema que avalan solicitar la renuncia a cargos de confianza aun cuando el funcionario presente una licencia médica.
El Ejecutivo también ha esgrimido un informe de auditoría interna como parte de las razones para solicitar la renuncia de Carrasco. Ese informe, según el Gobierno, detectó “falta de veracidad, integridad y trazabilidad: la información presenta inconsistencias, omisiones y una tendencia a remitir antecedentes parciales o sesgados, vulnerando el principio de probidad”. Además, se mencionaron irregularidades en PRODEMU por uso ineficiente de más de $6.100 millones en programas de transferencias sin resultados verificables. Carrasco, por su parte, ha señalado que no le han compartido el informe y que la responsabilidad sobre PRODEMU corresponde al Ministerio de la Mujer.
El Presidente José Antonio Kast sostuvo que “la confianza no se dio porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar la repartición”, frase con la que el Ejecutivo justificó la solicitud de renuncia. Mientras dure la licencia médica, la dirección del servicio será subrogada por Felipe Díaz, subdirector del SernamEG. En tanto, la autoridad cumple su periodo legal en el cargo hasta agosto, cuando además concluye su tratamiento médico, según los antecedentes mencionados por el propio Gobierno y la funcionaria.
