El proyecto de cable submarino Chile–China Express, impulsado por China Mobile para conectar Valparaíso con Hong Kong, colocó al Gobierno en el centro de una disputa tecnológica entre Estados Unidos y China y reavivó el debate sobre seguridad nacional y relaciones internacionales.
La controversia escaló cuando Washington revocó las visas de tres personeros chilenos —el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya; y su jefe de gabinete, Guillermo Petersen— y funcionarios estadounidenses alertaron sobre riesgos de seguridad vinculados al proyecto.
Estados Unidos fundamenta sus reparos en tres líneas principales. Primero, el control de la infraestructura: los cables submarinos mueven más del 95% del tráfico global de internet y, según la preocupación estadounidense, quien controle esos enlaces puede “acceder a información sensible o interrumpir comunicaciones en escenarios de conflicto”. Segundo, el marco legal chino: las autoridades estadounidenses sostienen que la legislación en China obliga a empresas a cooperar con agencias de inteligencia, lo que podría convertir a compañías como China Mobile en “vulnerables a presiones del gobierno chino para entregar información”, según el texto al que tuvo acceso Ex-Ante. Tercero, el factor geopolítico: el cable se inserta en la competencia entre Washington y Beijing por la infraestructura digital global.
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) ha sido enfática en su diagnóstico: determinó que los servicios de China Mobile representaban “riesgos sustanciales e inaceptables para la seguridad nacional de Estados Unidos”, incluyendo posible intercepción de datos, vulnerabilidades tecnológicas, dependencia externa de infraestructura crítica y capacidad de interrupción del flujo de información.
En contraste con las advertencias de Washington, el proyecto ha sido presentado por sus promotores como una oportunidad para mejorar la conectividad con Asia. Entre los beneficios señalados están la reducción de latencia en comunicaciones, la posibilidad de consolidar a Chile como un hub digital del Pacífico Sur y la diversificación de rutas para aumentar la resiliencia de la infraestructura. En ese sentido, el analista Juan Pablo Toro afirmó que el cable podría posicionar a Chile “donde el premio mayor es el mercado de datos en Brasil, un país con más de 200 millones de habitantes, inmensos recursos y su propia industria de defensa”.
La reacción diplomática también ingresó en el debate público. La embajada de China en Chile criticó las presiones externas y denunció lo que calificó como un “desprecio por la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales de Chile”. Desde el Ejecutivo, el Presidente Gabriel Boric defendió la autonomía del país y señaló que el Gobierno “jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país” y que “Chile es y será autónomo en las decisiones que tome”.
El caso trasciende la ingeniería de un enlace submarino: refleja la rivalidad entre potencias por el control de la economía digital y obliga a Chile a sopesar beneficios económicos con riesgos de seguridad y consideraciones diplomáticas, en un contexto donde más del 50% de las exportaciones chilenas se dirigen a China y los lazos con Estados Unidos siguen siendo estratégicos.
