El Presidente José Antonio Kast anunció que en las próximas semanas ingresará al Congreso un proyecto de ley para ampliar y actualizar las exigencias de test de drogas a más autoridades públicas, con financiamiento asegurado y el uso preferente de la muestra de pelo como método estándar.
Kast explicó que la iniciativa busca “consolidar, actualizar y ampliar el marco normativo vigente respecto a la toma de estos análisis en autoridades”, tras practicarse él mismo un test de drogas de pelo y dar a conocer los resultados.
Según lo informado por el Gobierno, la propuesta contempla que, de aprobarse en el Parlamento, deberán someterse a controles:
- Presidente: la obligación se ratifica y se extiende al jefe de Estado; los resultados serán públicos.
- Senadores y diputados: exámenes periódicos con resultados públicos.
- Directivas nacionales de partidos políticos: someterse a exámenes periódicos será requisito para acceder a financiamiento público.
- Candidatos a elección popular: deberán acreditar un resultado negativo previo a la inscripción; el incumplimiento implicará inhabilidad para competir.
El Ejecutivo optará por el test de pelo como método estándar porque, según la comunicación oficial, permite detectar consumo de hasta 90 días, a diferencia de la prueba de orina que identifica consumo en cerca de cuatro días previos al examen. Además, Kast aseguró que el proyecto contará con financiamiento asegurado.
El Presidente vinculó la iniciativa con la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado: “está claro que si nosotros planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, de crimen organizado, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes de narcotráfico”, dijo José Antonio Kast.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades locales a sumarse de forma voluntaria: pidió a alcaldes, parlamentarios, gobernadores, concejales y consejeros regionales que se realicen el examen y que dispongan “un tiempo y parte de sus recursos a hacerse esto para ir recuperando la credibilidad”, afirmó el mandatario.
Si el proyecto avanza en el Congreso, su discusión seguirá el trámite legislativo habitual antes de someterse a votación en las cámaras, con posibles modificaciones durante el debate. La medida tendría impacto directo en la inscripción de candidaturas y en el acceso a financiamiento público de partidos, además de implicar una nueva exigencia para parlamentarios y autoridades de alto nivel.
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