El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma de seguridad con suma urgencia, que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción específico para enfrentar amenazas graves vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.
La propuesta, parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla ocho modificaciones a la Constitución. Entre ellas destacan la incorporación de la seguridad pública como deber del Estado, la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados para sus líderes y nuevas facultades para incautar bienes vinculados al narcotráfico.
Asimismo, el texto establece inhabilidades perpetuas para condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, además de restricciones para acceder a determinadas prestaciones públicas durante la condena y hasta 15 años después de cumplirla.
El nuevo estado de excepción de seguridad pública tendrá una duración inicial de 120 días, prorrogables por el Presidente, y permitirá restringir locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones y requisar bienes.
Con esta reforma, La Moneda busca dotar al Estado de herramientas más robustas para enfrentar el avance del crimen organizado, en un contexto donde la seguridad se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana.
