La discusión sobre la ley de reajuste al sector público, acordada entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, reavivó el debate sobre si la norma busca amarrar a funcionarios. El Ejecutivo defendió que la iniciativa busca justificar desvinculaciones y está en manos del Congreso Nacional para su discusión.
La norma, surgida del acuerdo entre el Gobierno y la Mesa del Sector Público, fue criticada por la oposición por un posible “amarre” de funcionarios. Entre los que alzaron la voz estuvo el presidente electo José Antonio Kast, quien afirmó que “ahora tenemos un amarre que es con Chile, hacerlo bien por Chile. Si alguien quiere amarrarse a un cargo, que se cuide”.
Ante esas acusaciones, los ministros Álvaro Elizalde (Interior) y Nicolás Grau (Hacienda) explicaron el alcance del proyecto. Elizalde pidió “distinguir” entre cargos de confianza y funcionarios de carrera y sostuvo que “en lo que respecta a los cargos de exclusiva confianza, obviamente quienes desempeñan esas funciones cesan el 11 de marzo. Son personas que han participado del gobierno producto de su compromiso con el Presidente Boric y, por tanto, van a cesar todos con motivo del cambio de mando”.
El secretario de Estado añadió que “cuestión distinta es respecto de los funcionarios públicos de carrera. Y respecto de esa situación particular se ha hecho la propuesta que, por lo demás, está sometida a consideración del Congreso Nacional a través de un proyecto de ley”.
Grau, por su parte, señaló que “la gran mayoría de las personas que trabajan en el Estado vienen desde distintas administraciones. No necesariamente comparten la visión política con el gobierno de turno”. Sobre el contenido del proyecto, explicó que si un funcionario de carrera es desvinculado “lo que tiene que ocurrir es que ese acto de desvinculación tiene que ser un acto fundado. Y esas personas tendrán el derecho de reclamar aquello en la Contraloría”.
El ministro de Hacienda enfatizó que “esto no es un amarre, en ningún caso, simplemente se solicita que el acto de un despido de una persona que tiene carrera funcionaria, pueda ser debidamente justificado. Eso es todo lo que va a ir en la ley de reajuste”.
Según el texto de la iniciativa, para la desvinculación de un funcionario “no bastará la mera referencia formal a necesidades del servicio sin respaldo fáctico y específico”. Además, plantea que la no renovación de contratas deberá hacerse mediante un “acto administrativo fundado, con hechos y fundamentos de derecho” y sustentado en “criterios objetivos y acreditables”.
La propuesta ahora quedará en manos del Congreso Nacional para su tramitación y eventual votación. En paralelo, los mecanismos de reclamo ante la Contraloría aparecen como garantía para funcionarios de carrera que consideren injustificada una desvinculación.
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