El Presidente José Antonio Kast llegó a Arica para presentar el plan “Escudo fronterizo”, una iniciativa del Gobierno destinada a reducir la inmigración irregular en la frontera norte, que ya enfrenta debate en el Congreso sobre recursos y posible reforma migratoria.
El plan, cuyos detalles completos no han sido difundidos, contempla medidas físicas y tecnológicas para los primeros 90 días: levantar cercos perimetrales, muros y pretiles; instalar torres de vigilancia, radares térmicos, sensores infrarrojos y drones; y cavar zanjas en puntos estratégicos, según la descripción difundida por el Gobierno.
Al presentar la iniciativa, el Presidente afirmó que “Chile los va a enfrentar” y agregó que “nos han señalado que aplicando medidas aquí estrictas, los delincuentes buscan otras entradas a nuestro país”, en alusión al tráfico de migrantes y a la posibilidad de desplazamiento de rutas ilegales.
La ministra Trinidad Steinert, que fue fiscal regional de Tarapacá, advirtió sobre los límites operativos y legales del control fronterizo. En diciembre manifestó a la revista Sábado que “cerrar la frontera es geográficamente imposible y legislativamente complejo”. Además, señaló que “el crimen organizado siempre busca nuevas rutas” y que “la frontera es muy compleja, grande, porosa y difícil”.
Las cifras oficiales muestran la magnitud del desafío. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) estimó en 2024 que 336.984 extranjeros residían en Chile en situación irregular, dentro de un total de 1.918.583 residentes nacidos en otros países. Ese universo estaba encabezado por personas provenientes de Venezuela (38%), seguido por Perú (13,6%), Colombia (10,9%), Haití (9,8%), Bolivia (9,4%) y Argentina (4,3%).
Una encuesta del Panel Ciudadano UDD citada en la cobertura indica que 78% de la población apoya medidas como zanjas en la frontera, con 15% en contra y 7% indecisos.
Investigaciones fiscales y reportes internacionales también señalan factores externos que complican el control. Informes de la Fiscalía en Arica y Tarapacá han vinculado a “coyotes” con organizaciones del crimen organizado, como el Tren de Aragua, y dan cuenta de pagos a redes de tráfico de migrantes; en algunos cruces desde Pisiga Bolívar los migrantes llegan a pagar US$100 solo por el cruce fronterizo, según la información recogida. El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe de 2025 sobre trata de personas respecto a Bolivia, señaló que “el gobierno boliviano no cumple con los mínimos estándares” para eliminar el tráfico, y advirtió sobre la persistencia de corrupción y complicidad oficial en crímenes de trata. En 2025 también se informó que la fiscalía boliviana sindicó a al menos cinco policías por presunta corrupción vinculada a cobros para facilitar ingresos hacia Chile.
El marco legal nacional añade otra limitación: la ley de migración de 2021, en su artículo 9, establece que “la migración irregular no es constitutiva de delito”, lo que convierte el ingreso por pasos no habilitados en una falta y no en un ilícito penal. Durante su campaña, Kast anunció que impulsaría cambios legislativos para tipificar como delito los cruces por lugares no habilitados y endurecer las condiciones de reingreso.
En el aspecto operativo y financiero, el futuro director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, advirtió sobre el costo de las expulsiones: “Hoy día tenemos 37.000 expulsiones, 37.564 (dictadas) para ser exactos”, y sostuvo que “echar a una persona vale tres millones de pesos”, por lo que “el Congreso nos va a tener que aprobar seguramente mayores recursos”.
El Gobierno presenta este plan como parte de un “gobierno de emergencia” cuyo otro foco será el combate al crimen organizado y la reactivación económica. No obstante, expertos y autoridades recogen una serie de obstáculos que, según la cobertura, permiten anticipar una mitigación del problema pero no su control total: la extensión y porosidad de la frontera (860 km con Bolivia y 169 km con Perú), la red de traficantes, la corrupción transnacional y las limitaciones legales y presupuestarias.
