El Gobierno anunció que modificó la llamada “ley de amarre” —incluida en la discusión del reajuste del sector público— para intentar lograr respaldo en el Congreso, cambiando el requisito temporal para recurrir a la Contraloría de dos a cinco años. La medida busca atender cuestionamientos de la oposición sobre presuntos amarramientos de cargos y clarificar su alcance.
Según explicó el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, lo inicialmente propuesto permitía un “derecho a reclamo en la Contraloría para personas que estaban a contrata desde hace al menos dos años”, pero la norma fue ajustada y, sostuvo, “ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”.
La polémica se originó por una disposición que exigía notificar por acto administrativo fundado —con hechos y “criterios objetivos y acreditables”— a quienes no renovaran su contrato o fueran contratados en condiciones distintas. La norma se aplicaría, según el texto, a subsecretarías; servicios públicos dependientes de los ministerios o relacionados con el Presidente a través de ellos; delegaciones presidenciales; universidades estatales y municipalidades.
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, defendió la incorporación de la norma y recordó que se entregó un instructivo firmado por Interior, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, que “establece claramente que los funcionarios de confianza y aquellos que desempeñan labores de apoyo directo de los gabinetes cesan sus funciones con motivo del cambio de mando”. Además, afirmó que “queda claro que el sentido de la norma es distinto al que lamentablemente se ha generado como producto de una interpretación errónea”.
La modificación no convenció a toda la oposición. El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, calificó el ajuste como insuficiente y afirmó que “es un engaño del gobierno. Tiene el mismo efecto exactamente que fueran dos años o cinco años”.
El Gobierno empuja el cambio con el objetivo de amarrar apoyos en el Congreso para avanzar en la reforma del reajuste del sector público, mientras que parlamentarios de distintas tiendas mantienen reparos sobre sus efectos prácticos y jurídicos. La discusión seguirá en la agenda legislativa y podría derivar en nuevas indicaciones o en debates en comisiones.
Seguiré la cobertura política en portalnacional.cl para más actualizaciones sobre el avance de la normativa y su impacto en la administración pública.
