La ministra vocera del Gobierno, Mara Sedini, defendió el proyecto “Escuelas Protegidas” y justificó la inhabilitación del acceso a la gratuidad universitaria para quienes cometan delitos en el contexto educacional, al tiempo que llamó al Congreso a respaldar a las víctimas y a las familias.
El plan, firmado recientemente por el Ejecutivo, incorpora nuevas agravantes penales para delitos cometidos en establecimientos educacionales y contempla la inhabilidad de la gratuidad para quienes incurran en hechos contra la vida o integridad de las personas, o contra la propiedad e infraestructura pública.
Ante críticas sobre el alcance de la medida, Sedini afirmó que “manifestarse no es un delito” y aclaró que “la pérdida de la gratuidad es para personas que cometan delitos”. La ministra agregó que el reglamento contempla garantías procesales y medidas de reinserción: “el reglamento tiene distintas bajadas: un límite de cinco años, se puede revisar a través de los tribunales, buscando la reinserción de los estudiantes”, dijo Sedini.
La vocera defendió además el propósito social del proyecto y rechazó la desinformación: “Lo primero que tenemos que decir es que no hay que cometer delitos. Es de sentido común que todos los chilenos, y las víctimas incluidas, no tengan que pagar la gratuidad universitaria a alguien que cometió un delito”, sostuvo. Y agregó: “Lo importante es que no desinformemos a la ciudadanía. Hablemos con la verdad, leamos bien el reglamento. Esto busca proteger a los estudiantes y a las familias, que no nos tengamos que hacer cargo de personas que cometen un delito y además reciben un beneficio del Estado”.
Sedini también hizo un llamado directo al Parlamento: “esperamos que estén del lado del víctimas, de los niños, de las familias y no de los violentistas. Nosotros como Gobierno no nos perdemos. Vamos a estar con los que quieren un establecimiento educacional en paz, seguro y tranquilo para sus hijos”, manifestó.
Desde la oposición se han planteado reparos a la arista que restringe el acceso a la gratuidad, en especial por la posible afectación a manifestaciones estudiantiles y por garantías de reinserción, puntos que Sedini invitó a revisar con detalle. “Nosotros queremos avanzar en proteger a los estudiantes. Hay que ser sinceros, hablar con la verdad y espero que la oposición haga una bajada al detalle del proyecto de ley, porque esto busca que no se cometan delitos dentro de los establecimientos educacionales”, concluyó la ministra.
La iniciativa seguirá su tramitación y deberá ser analizada por los parlamentarios en el marco del debate legislativo. La resolución final tendrá implicancias directas para estudiantes, familias y la política de financiamiento estatal de la educación superior.
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