El Gobierno pidió este martes una reunión con el Banco Central tras una confrontación pública entre La Moneda y la entidad monetaria por un informe que advierte efectos negativos en el empleo derivados del alza del salario mínimo y la reducción de la jornada a 40 horas. La disputa escala en momentos en que esas reformas son pilares del legado del Ejecutivo y de la agenda oficialista.
La tensión se hizo pública luego de que el presidente Gabriel Boric y tres ministros cuestionaran el diagnóstico técnico del Banco Central, sin presentar argumentos técnicos alternativos, según la crónica de Ex-Ante difundida el 16 de septiembre de 2025.
El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, informó que equipos del gobierno se contactaron con expertos del Banco Central para resolver dudas. “Conversé mucho en la semana con muchos economistas; hay algunos reparos a ciertos supuestos que están puestos ahí en el estudio, por ejemplo, el shock de oferta, donde parte el análisis desde abril del 2023, considerando que los empleadores se habrían anticipado antes de que hubiera entrado en vigencia la ley”, dijo Boccardo. Añadió que “nuestros técnicos, tanto de Hacienda como de Trabajo, se han comunicado con el Banco Central. Nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado”.
La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, relativizó el alcance del estudio: “no está permitiendo todavía dimensionar efectos agregados al mercado laboral”, afirmó, en una defensa del conjunto de medidas impulsadas por La Moneda.
Desde Madrid, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que “el empleo es el punto más débil de la administración”, pero atribuyó parte del problema a factores estructurales y a la evolución del gasto fiscal en los últimos años.
En contraste, el Banco Central y la comunidad técnica mantuvieron la solidez del informe. La presidenta del organismo, Rosanna Costa, afirmó que “hay que buscar un equilibrio entre empleo y remuneraciones, pero ese equilibrio le corresponde a otras autoridades” y sostuvo que el aumento del salario mínimo debe venir “acompañado de productividad”. Los consejeros del ente, Claudio Soto y Alberto Naudon, señalaron que “nunca nuestras decisiones han estado cruzadas por temas políticos”.
Voces del mundo académico y técnico respaldaron esa posición. Según la nota, expertos como José de Gregorio y David Bravo validaron los métodos del Banco Central; Bravo, en particular, dijo que la intervención presidencial “no fue adecuada porque se trata de un informe técnico”.
La pugna política también refleja el trasfondo electoral: las reformas cuestionadas son banderas del oficialismo —y han sido enfatizadas por la candidata del sector, Jeannette Jara— por lo que admitir efectos adversos en el empleo podría debilitar ese legado en campaña.
Por ahora, la administración mantiene su defensa de las medidas laborales. En ese sentido, el Gobierno expresó que está “orgulloso de haber alcanzado un salario mínimo de $539 mil, de que hoy día la jornada laboral se esté reduciendo”, según la cobertura.
