El Gobierno promulgó este miércoles la ley que crea el Registro de Personas Ausentes por Desaparición Forzada, una norma que busca reconocer oficialmente a quienes fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos cuando no existe entrega de cuerpo. La iniciativa fue encabezada por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, junto al vicepresidente Álvaro Elizalde.
La norma, que pasó a ser la ley 21.775, establece una nueva categoría jurídica para las víctimas y ordena al Servicio de Registro Civil e Identificación a crear y mantener un registro especial. Esa base registral se formará a partir de “una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos”, según la ley.
En la ceremonia de promulgación, el ministro Jaime Gajardo señaló que las familias han enfrentado dificultades administrativas por la ausencia de una calificación oficial: “sabemos que no solo han sufrido por la desaparición de sus seres queridos, sino que además la inexistencia de tal calificación oficial les ha dificultado hacer diversos trámites durante muchos años”. Además, Gajardo afirmó que la promulgación “constituye un acto de reconocimiento y de reparación”.
La actividad contó con el reconocimiento explícito a las y los parlamentarios que impulsaron y apoyaron la tramitación del proyecto. “Se reconoció a las diputadas mocionantes Lorena Pizarro (PC) y María Candelaria Acevedo (PC) y al diputado Roberto Celedón (ind-FA) y las senadoras Claudia Pascual (PC) y Fabiola Campillai (ind.) por el apoyo en la tramitación”, indicaron desde el acto.
La creación de este registro implica que el Registro Civil deberá implementar y mantener actualizada la nómina proporcionada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, con el fin de consolidar la nueva figura jurídica y facilitar trámites administrativos vinculados a las personas reconocidas como ausentes por desaparición forzada.
Los próximos pasos incluyen la puesta en marcha operativa del registro por parte del Servicio de Registro Civil e Identificación y las coordinaciones que definirá la Subsecretaría de Derechos Humanos para la elaboración de la nómina. La medida tendrá impacto directo en las gestiones administrativas de las familias de víctimas y en el reconocimiento oficial de casos pendientes de calificación.
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