La nueva Ley de Convivencia Escolar, publicada en el Diario Oficial el 1 de abril de 2026, autoriza la instalación de pórticos detectores de metales en colegios y establece obligaciones para sostenedores y comunidades educativas en materia de seguridad y protocolos, en medio de un incremento de la violencia escolar en el país.
La Ley N°21.908, que regula la convivencia, el buen trato y el bienestar en los establecimientos educacionales, incorpora cambios que permiten “implementar recursos tecnológicos” para identificar elementos peligrosos, según el texto legal publicado en el Diario Oficial el 1 de abril de 2026.
En su artículo 10, la norma precisa que “los sostenedores de establecimientos educacionales, con acuerdo del Consejo Escolar o de la comunidad educativa, según corresponda, podrán implementar recursos tecnológicos destinados a identificar armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares que pongan en riesgo la vida o la integridad física de quienes integren la comunidad educativa y de quienes se encuentren en el establecimiento respectivo”, según consta en la ley.
La misma disposición añade que “lo anterior solo procederá cuando existan antecedentes fundados que justifiquen su utilización como una medida proporcional, necesaria e idónea para prevenir la comisión de delitos en el establecimiento”, en referencia a la instalación de estos dispositivos.
El texto legal obliga a los sostenedores a elaborar un protocolo interno que regule “el uso de dichos recursos tecnológicos”, cuidando que estas medidas respeten derechos fundamentales. La ley ordena resguardar “entre otros, el derecho a la igualdad y no discriminación arbitraria, a la vida privada y a la honra, así como el interés superior del niño, niña y adolescente”, según el documento oficial.
Además, la normativa establece que dichos protocolos deben procurar “la mínima interferencia en el desarrollo normal de las actividades educativas” y contemplar “mecanismos de respuesta y coordinación con las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública frente a la detección de armas, artefactos incendiarios u otros elementos similares”, conforme se señala en la Ley N°21.908.
La publicación de la ley se da en un contexto de múltiples episodios de violencia escolar registrados en los últimos días, entre ellos un ataque con arma blanca y gas pimienta en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama que dejó a una funcionaria fallecida y a cuatro personas heridas, y otros incidentes en Rancagua, Providencia y Curicó que involucraron armas o artefactos incendiarios, según reportes de prensa.
Además de los recursos tecnológicos, la ley refuerza la obligación de los establecimientos de contar con equipos de convivencia escolar y desarrollar planes orientados a la promoción de la salud mental, la prevención del suicidio y estrategias de resolución de conflictos, como parte de una política integral para enfrentar la violencia en colegios.
