El Presidente José Antonio Kast se sometió a un test de drogas con muestra de pelo y anunció un proyecto de ley para extender exámenes y transparencia a más autoridades públicas, en medio de una batería de medidas administrativas que entrarán en vigor de forma inmediata. El anuncio, según el Ejecutivo, busca reforzar la “probidad antinarcóticos” en el ejercicio del poder público y aumentar la fiscalización sobre el mundo político.
El mandatario se realizó el examen en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) en Las Condes, “de manera voluntaria y con sus recursos”, según informó el Gobierno. Tras la prueba, Kast planteó que buscan que “todas las autoridades se realicen exámenes para detectar si hay consumo de drogas”.
Kast vinculó la iniciativa al combate del narcotráfico: “si planteamos que tenemos un problema real de narcotráfico, tenemos que acreditar que cualquier autoridad que ejerce un cargo público debe estar muy lejos de lo que son las redes de narcotráfico”, dijo el Presidente.
Medidas administrativas y financiamiento
El Ejecutivo informó que, en forma inmediata, se actualizará el sistema de control mediante una modificación del Decreto Supremo N°1.215 de 2006, estableciendo la muestra de pelo como método estándar, ya sea en sustitución o como complemento del control de orina.
Asimismo, se instruirá a la Dirección de Presupuestos (Dipres) para que disponga de los recursos necesarios y así los servicios públicos y ministerios puedan costear estos análisis. El Gobierno indicó que “los resultados serán publicados en los sitios web institucionales dentro de los diez días hábiles posteriores a su realización”.
Proyecto de ley: alcance y obligaciones
En paralelo a las medidas administrativas, el Ejecutivo anunció el envío de un proyecto denominado “Probidad antinarcóticos en el ejercicio del poder público”. Según la propuesta anunciada, el marco legal vigente se ratifica y se amplía para incorporar al Presidente de la República —con sus resultados públicos— y para establecer el mismo estándar para senadores y diputados, que deberán someterse a “exámenes periódicos” cuyos resultados también serán de acceso público.
La iniciativa contempla, además, requisitos para las directivas de los partidos políticos como condición para acceder al financiamiento público. Para los candidatos a elección popular, el Gobierno señaló que el incumplimiento de estas exigencias implicará “inhabilidad”.
Reacciones y contexto
Kast sostuvo que quienes aspiren a “ejercer el servicio público de cara a las personas, tienen que renunciar a ciertas normas de protección”, y remarcó la importancia de la transparencia en los resultados de estas pruebas.
Próximos pasos
Las medidas administrativas anunciadas comenzarán a aplicarse de inmediato, mientras que el proyecto de ley será ingresado al Congreso para su tramitación. La discusión legislativa y la eventual votación definirán el alcance definitivo de estas obligaciones y sus efectos sobre senadores, diputados, dirigencias de partidos y candidaturas.
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