Tras los dichos del diputado José Carlos Meza sobre conmutar penas a internos terminales, incluso a violadores de menores, el Gobierno y figuras del oficialismo rechazaron la propuesta y advirtieron el impacto que tendría un proyecto en el Congreso y el Senado, que ya genera debate entre Gobierno y oposición sobre una posible reforma a beneficios carcelarios.
El ministro Álvaro Elizalde afirmó que “los criminales tienen que estar presos” y sostuvo que “quien comete un delito, sobre todo si es un delito grave, su lugar es en la cárcel”.
En conversación con CNN Chile, Elizalde habló del proyecto que propone conmutaciones para reos con enfermedades terminales y dijo que la iniciativa busca “que la gente pueda morir en su hogar, con su familia”, pero aclaró que “eso no significa que estemos haciendo un perdón a los crímenes más horribles que se puedan haber cometido”.
El ministro advirtió además que la propuesta legislativa “está en el Congreso, en el Senado” y que los beneficios que plantea podrían afectar “no solo a quienes cometieron grandes violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sino también respecto de delincuentes comunes, muchos de ellos que han cometido delitos sexuales contra menores de edad”.
Ante las declaraciones de Meza, la candidata del oficialismo Jeannette Jara también rechazó la idea y la calificó de “gravísimo”. Jara aseguró que “en mi gobierno no van a haber indultos para violadores, para abusadores de niños, para delincuentes, para violadores de derechos humanos. No va a haber indultos. Eso es tener mano dura”.
Elizalde subrayó que la postura oficial responde a la necesidad de enviar una “señal” frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país y que, aun cuando se resguarden “todos los derechos conforme a la dignidad humana de todas las personas”, la cárcel sigue siendo el lugar para quienes cometen delitos graves.
El proyecto que motiva la discusión continúa su trámite en el Congreso y su contenido y efectos serán materia de debate público entre distintos sectores políticos. La votación y la discusión legislativa en comisiones y en el pleno del Senado serán determinantes para definir si se modifica o no el régimen de beneficios para internos terminales.
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