El Presidente Gabriel Boric reconoció un error en la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende y admitió que existió una “incompatibilidad evidente” que no fue detectada, un episodio que generó controversia en el Gobierno y repercusiones en el Senado y el Congreso.
A fines de 2024 el Ejecutivo confirmó la intención de adquirir las residencias de Salvador Allende y Patricio Aylwin para convertirlas en casas-museo. La operación por la vivienda ubicada en Guardia Vieja, cuyo pago superaba los $930 millones, provocó cuestionamientos porque los vendedores eran Maya Fernández, su hermano Alejandro y la senadora Isabel Allende.
La controversia se centró en que Fernández e Isabel Allende, por sus cargos públicos, estaban constitucionalmente impedidas de celebrar contratos con el Estado. El 3 de enero de 2025 el Ministerio de Bienes Nacionales anunció que no continuaría con la compra del inmueble.
El caso derivó en renuncias dentro del Gobierno: Marcela Sandoval dejó la cartera de Bienes Nacionales y Macarena Diez, jefa de la División Jurídica, también presentó su renuncia. El 10 de marzo de 2025 Maya Fernández renunció al Ministerio de Defensa y, un mes después, el Tribunal Constitucional admitió un requerimiento que terminó con la destitución de Isabel Allende del Senado.
En diálogo con Radio Futuro, Boric admitió que la gestión estuvo equivocada: “había una incompatibilidad evidente y que nadie vio”. El mandatario añadió que “esa inhabilidad tenía que haber sido puesta en evidencia desde un comienzo” y expresó su molestia por el fallo de los controles: “no se imaginan la indignación propia ante eso, cuando los filtros no funcionan. Es inaceptable, no tienen ninguna justificación”.
La Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella contra el Presidente Boric por la negociación fallida, denunciando posibles delitos como fraude al fisco, tráfico de influencias y negociación incompatible. En octubre del año pasado la Fiscalía de Coquimbo decidió no perseverar con la investigación, argumentando falta de antecedentes.
La compra quedó descartada y el episodio ya provocó consecuencias políticas y administrativas. Quedan por delante eventuales revisiones administrativas y el debate público en el Congreso sobre los controles internos que permitieron la situación.
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