La Contraloría solicitó antecedentes al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) por el pago “millonario” a una periodista promovida durante la gestión del exdirector José Guajardo, informó un reportaje de Biobío, en un caso que reaviva el debate sobre transparencia y remuneraciones en el sector público.
El organismo contralor ofició al SAG para aclarar las condiciones contractuales y el monto de la remuneración asignada a la profesional, según consta en la petición hecha pública tras la investigación difundida este lunes por Biobío. El SAG depende del Ministerio de Agricultura.
En vocería, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo que el Ejecutivo actuará conforme al procedimiento institucional. “Todo esto, obviamente, como procede frente al oficio de la Contraloría General de la República, solicita para tanto esclarecer las dudas información al Ejecutivo y esta es entregada por parte del organismo correspondiente”, dijo la secretaria de Estado.
Vallejo añadió que existe “un conducto formal” para responder este tipo de requerimientos y que será el propio servicio el que entregue la información solicitada. “Esto tiene un conducto formal y yo en este momento no tengo los elementos técnicos, pero se basa en responder mediante conducto formal a esta inquietud”, afirmó. Agregó además que “esto lo va a responder el organismo correspondiente formal y, a través de esa respuesta, explicitar cómo se ajusta a la normativa”.
La Contraloría ejerce facultades de fiscalización que le permiten pedir antecedentes y revisar actos administrativos cuando detecta posibles irregularidades. En este caso, el requerimiento busca despejar dudas sobre la promoción y la estructura de la remuneración de la periodista en el marco de la normativa aplicable al servicio público.
Por ahora, la diligencia está en manos del SAG, que debe remitir una respuesta formal dentro de los plazos establecidos por la normativa administrativa. El episodio se suma a otros que han generado cuestionamientos sobre contrataciones y sueldos en organismos del Estado, en un escenario en que la transparencia y el uso correcto de recursos fiscales siguen siendo objeto de escrutinio público.
