El Gobierno confirmó que los recursos para financiar la expropiación de parte de la toma de San Antonio provienen de montos no ejecutados del Presupuesto 2025, informó el Ministerio de Vivienda. La decisión busca asegurar la compra y posterior urbanización de los predios afectados.
La expropiación anunciada esta semana contempla 100 de las 215 hectáreas ocupadas en San Antonio, con un costo estimado en aproximadamente $11 mil millones, monto que podrá variar tras la tasación y las obras complementarias.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, explicó que “una cosa es expropiar el terreno y otra es urbanizarlo, y el costo del terreno es la suma de ambas” y añadió que “el costo del terreno lo establecerán peritos, especialistas en esto, y que se seleccionan de un registro”.
Sobre la fuente de los recursos, Montes afirmó que “salen del presupuesto de este año, no del próximo, y los teníamos reservados ante una eventualidad”. Añadió que, de no utilizarse, esos fondos “no habrían quedado para el Presupuesto 2026 de Asentamientos Precarios, sino que se devolvían al Tesoro Público, como parte del ahorro nacional”.
Andrés Palma, jefe del Departamento de Asentamientos Precarios del Minvu, confirmó que los montos provienen de partidas no gastadas durante 2025 y explicó que “este año el presupuesto tenía una gestión diferente a los años anteriores: al traspasar los recursos a los Servicios de Vivienda y Urbanismo (Serviu) estos tenían que ser gastados en el año”.
Palma detalló parte de las devoluciones realizadas por los Serviu al cierre del ejercicio fiscal: una compra de terrenos en Coyhaique por $4 mil millones, otra en Castro por cerca de $3 mil millones y montos en regiones como Los Ríos, La Araucanía y Ñuble.
El cálculo preliminar del proyecto —cercano a $11 mil millones— podrá ajustarse tras la tasación oficial y la definición de obras complementarias necesarias para urbanizar los terrenos expropiados, según indicó el ministerio.
Próximos pasos oficiales incluyen la tasación por peritos inscritos, la formalización de la expropiación y la planificación de las obras de urbanización. La medida tiene impacto directo en la gestión presupuestaria del Minvu y en la solución habitacional para quienes ocupan los predios, por lo que su avance será seguido por organismos públicos y autoridades locales.
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