El veredicto que absolvió al excarabinero Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica encendió fricciones dentro de la alianza oficialista y reabrió el debate sobre la Ley Naín-Retamal, poniendo al Gobierno y a la oposición en el centro de la discusión pública.
El tribunal absolvió a Crespo de la responsabilidad por el ataque que dejó sin visión al entonces dirigente estudiantil Gustavo Gatica en 2019, fallo que motivó críticas desde el Frente Amplio y el Partido Comunista, que señalaron a la Ley Naín-Retamal como factor determinante en la decisión judicial.
En reacción a esos cuestionamientos, el Partido Socialista anunció que “decidieron congelar su participación” en la alianza oficialista por “deslealtad”, según informó la colectividad.
El Presidente Gabriel Boric, en diálogo con Radio Futuro, pidió cautela ante la interpretación del veredicto: “es apresurado decir cuáles fueron los motivos jurídicos cuando uno escucha a la jueza”. Además, añadió su sorpresa por el enfoque del tribunal: “A mi me sorprendió que se haya centrado en una violencia que existió por parte de los manifestantes, pero no diga nada de una violencia que también existió por parte del Estado”.
En la misma línea, el ministro del Interior Álvaro Elizalde defendió la existencia de normas vigentes sobre legítima defensa y llamó a esperar la lectura de la sentencia definitiva. “Existe una regulación general que se refiere a la legítima defensa. Uno puede tener una diferencia respecto de la calificación que realizó el tribunal, pero esa es una norma permanente que existe hace mucho tiempo”, afirmó. Y agregó: “el veredicto, que no es la sentencia porque la sentencia la vamos a conocer en un tiempo más, no permite concluir respecto de que haya sido relevante la aplicación de esta normativa para la decisión que tomó el tribunal y por tanto lo que es necesario es esperar la sentencia”.
El fallo y las reacciones internas del oficialismo profundizan la crisis política entre aliados y aumentan la tensión sobre la capacidad del Gobierno para gestionar temas de justicia y seguridad que la oposición también ha puesto en la agenda.
