El Gobierno enfrenta cuestionamientos luego del error en el cálculo de las tarifas eléctricas que derivó en la salida del exministro de Energía, Diego Pardow, y en la amenaza de una acusación constitucional por parte de la oposición. La controversia gira en torno a cuándo y quién informó del problema en la Comisión Nacional de Energía (CNE) y a alertas previas de la industria y la Superintendencia.
El primer aviso público fue el martes 14 de octubre, cuando la CNE publicó un informe técnico preliminar que identificó una “inconsistencia metodológica” en la fijación de precios del sistema eléctrico.
Esa misma noche, un reportaje de T13 difundió los alcances del informe y el error en las tarifas. El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sostuvo que “el gobierno se enteró del problema la tarde del martes”, y la vocera Camila Vallejo afirmó que el Presidente “conoció el caso una vez que se emitió el informe de la CNE”.
En cambio, el ex secretario ejecutivo de la CNE, Marco Antonio Mancilla, declaró que le informó del problema a Pardow “hace unas cuantas semanas” y que eso ocurrió “a mediados de septiembre”. Por su parte, Diego Pardow comentó que supo del error “hace dos semanas”, es decir a inicios de octubre.
El Presidente Gabriel Boric indicó que se enteró del caso cuando “estaba pronto a tomar el viaje desde Roma a Chile” y que, tras aterrizar en Santiago, solicitó la renuncia de Pardow. Boric viajó a Chile el miércoles 15 de octubre y llegó al país el jueves 16, según la cronología oficial.
Además de las discrepancias temporales sobre el conocimiento del problema, surgieron advertencias previas desde el sector regulador y la industria. Fuentes consultadas señalan que la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) detectó el error entre mayo y junio y elevó alertas a la CNE; Transelec, en tanto, aseguró que a fines de 2024 “notificó al Ministerio de Energía y a la CNE solicitando la corrección inmediata de las tarifas y la restitución de los montos a los clientes”.
En términos económicos, el Gobierno estimó que el error podría implicar “un cobro extra cercano a US$100 millones”, mientras que la consultora Valgesta Nueva Energía planteó un cálculo muy inferior, por alrededor de “US$2 millones”.
La oposición anunció una acusación constitucional contra Pardow y cuestionó el manejo de la información, señalando en el texto de la iniciativa que “hubo un intento inaceptable por ocultar la información a la ciudadanía”. La falta de explicaciones claras sobre por qué el exministro mantuvo silencio varios días después de conocer el problema es uno de los elementos que más ha tensionado el debate político.
Pardow, cercano al Presidente —se conocieron en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y trabajó en el segundo piso de La Moneda antes de asumir en Energía en 2022—, aún no ha detallado públicamente las razones de su demora en informar a la ciudadanía y autoridades.
