Una denuncia anónima llegó a la Fiscalía Regional de Valparaíso y pone bajo investigación por presunto fraude al Fisco a la senadora Camila Flores (RN), acusada de exigir devoluciones en efectivo de parte de los sueldos de sus asesores durante su paso por el Congreso. Reportajes T13 afirma que la eventual estafa alcanzaría cerca de $300 millones y se habría extendido entre 2018 y 2025.
Según el comunicado del Ministerio Público al que tuvo acceso Reportajes T13, la denuncia señala “delitos funcionarios, entre ellos, fraude al fisco en carácter reiterado” cometidos mientras Flores era diputada. El escrito fue informado al Consejo de Defensa del Estado.
El expediente incluye mensajes de WhatsApp y declaraciones de un testigo reservado que, según la denuncia, muestran un mecanismo sistemático mediante el cual a trabajadores contratados con cargo a asignaciones parlamentarias se les exigía devolver “una parte significativa de sus sueldos en efectivo”.
La práctica, descrita en el documento como la denominada “cuota Flores”, habría funcionado así: los asesores cobraban su remuneración y luego entregaban mensualmente parte del monto a la diputada en efectivo, con esos recursos pagando “gastos de orden personal”, apunta el reclamo.
En el sumario se identifica a Yolanda Olfos, secretaría de la legisladora desde 2018, como la persona que “actúa como intermediaria y encargada de recaudar el dinero”. El escrito detalla que, “debido a los límites del giro automático, los asesores deben extraer los montos en efectivo por ventanilla mes a mes”.
Entre los chats entregados al Ministerio Público figura una coordinación de entrega: “Hola (…) cuando pueda llámeme, por favor. La diputada necesita que nos encontremos mañana a las 12 en su oficina”, escribe Olfos, y el testigo responde: “Ahí le paso a dejar el sobre. Tengo ya retirado el dinero en efectivo”. En otra conversación se especifican montos: “En febrero $1.550.851” —dice el testigo— y la respuesta de Olfos indica que “(La diputada) necesita recibir $1.200.000. A usted $350.851, más teléfono”.
La denuncia consigna además casos puntuales. Por ejemplo, acusa que el trabajador Julio Alejandro Lillo, contratado por $2.640.939 mensuales, “entrega regularmente $1.800.000 en efectivo a la diputada para fines personales”. El documento también menciona a otros colaboradores, entre ellos Heidi Serrat.
Frente a las acusaciones, el abogado de Camila Flores, Luis Masferrer, rechazó los cargos y afirmó que la senadora actuó dentro de la ley. “La senadora siempre ha actuado conforme a la ley y respetando el derecho. No puedo hacerme cargo de imputaciones o afirmaciones como la que usted me señala, porque las desconozco”, dijo Masferrer. Añadió que “de ahí la importancia de poder acceder al contenido de la carpeta fiscal, pero acá no hay nada que temer y vamos a colaborar con la investigación”.
Respecto al procedimiento, el defensor señaló que “es una denuncia anónima, aún no sabemos su contenido. La senadora ha dispuesto que cualquier asistente personal que sea requerido por el Ministerio Público para aportar información, lo haga de la forma en que la Fiscalía lo requiera. Acá hay un espíritu de aportar a la investigación”.
Los mensajes y los testimonios remitidos conforman los antecedentes que, según el propio Ministerio Público, deberán ser analizados para “determinar si configuran o no conductas delictuales”. La causa se tramita en la Fiscalía Regional de Valparaíso y se encuentra en etapa de recopilación de evidencia.
Corresponde ahora que el Ministerio Público evalúe los antecedentes y defina los pasos procesales, incluida la posibilidad de una investigación formal o acciones judiciales. La indagatoria tiene relevancia para el control de recursos públicos y para la confianza ciudadana en el trabajo parlamentario.
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