La encuesta Plaza Pública Cadem registró una caída de cuatro puntos en la aprobación del Presidente José Antonio Kast. Además, un 92% de los encuestados manifestó estar en desacuerdo con las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

La aprobación del presidente José Antonio Kast bajó al 29%, su nivel más bajo desde que asumió el cargo, según la última encuesta Plaza Pública Cadem, publicada este domingo 25 de octubre. La cifra representa una caída de cuatro puntos porcentuales, mientras que la desaprobación alcanzó el 66%.

El sondeo también mostró una disminución en la evaluación de distintos atributos del mandatario, entre ellos su capacidad de diálogo, responsabilidad y liderazgo.

92% rechaza rebajas de condena por delitos sexuales

Uno de los principales resultados de la encuesta se relaciona con las rebajas de condena otorgadas a 56 personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según Cadem, un 89% de los encuestados afirmó haber escuchado sobre el caso y un 92% manifestó estar en desacuerdo con las medidas. Además, la controversia fue considerada la noticia más importante de la semana por un 36% de los participantes.

Economía y empleo entre las áreas peor evaluadas

En cuanto a la gestión del Gobierno, economía y empleo obtuvieron un 26% de evaluación positiva. También registraron cifras bajas las comunicaciones, con un 20%, y justicia, con un 19%.

En contraste, vivienda alcanzó un 37%, seguida por inmigración, con un 36%.

Los resultados muestran una caída en la aprobación presidencial y un amplio rechazo a las rebajas de condena consultadas en el estudio.

El Presidente analiza si Chile se incorporará como miembro pleno a la alianza internacional impulsada por Donald Trump o si mantendrá su participación como observador. La decisión se discute en medio de presiones de partidos oficialistas y dudas sobre las implicancias de la iniciativa.

El presidente José Antonio Kast convocó este domingo 25 de octubre a ministros de su gabinete para analizar la participación de Chile en la Coalición de las Américas contra las Organizaciones Criminales (A3C), impulsada por el mandatario estadounidense Donald Trump.

La reunión en La Moneda contempla la participación de los ministros Claudio Alvarado, Francisco Pérez Mackenna, Fernando Barros y Martín Arrau, además del subsecretario de Gobierno, Gonzalo Arenas.

La cita se realiza antes de una reunión de la coalición programada para el 26 y 27 de octubre en República Dominicana, donde los países participantes abordarán la cooperación contra el crimen organizado y el narcotráfico.

¿Por qué Chile aún no confirma su ingreso?

Hasta ahora, el Gobierno ha optado por mantener a Chile como observador, mientras analiza las implicancias de incorporarse como miembro pleno. Entre las preocupaciones están las condiciones de las operaciones conjuntas y sus posibles efectos sobre la soberanía nacional.

La discusión también generó diferencias dentro del oficialismo. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó al Gobierno a sumarse formalmente a la alianza y sostuvo que la cooperación internacional es necesaria para enfrentar el crimen organizado transnacional.

Por su parte, el vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, señaló que la decisión continúa en evaluación y que el Presidente anunciará su determinación una vez que concluya las consultas correspondientes.

Por ahora, no se ha confirmado un cambio en la posición de Chile. La definición determinará si el país se integra como miembro pleno o continúa participando como observador.

La iniciativa gratuita se realizará entre el 9 y el 13 de noviembre, con ofertas laborales online y jornadas presenciales en sedes de INACAP de todo el país. Las personas interesadas podrán postular a empleos, prácticas profesionales y trabajos part-time.

La Feria Laboral INACAP-CPC 2026 reunirá a más de 700 empresas y ofrecerá más de 8 mil oportunidades laborales en distintas regiones de Chile. La actividad se desarrollará entre el 9 y el 13 de noviembre, con una modalidad online y dos jornadas presenciales para quienes buscan trabajo.

La iniciativa, organizada por INACAP y la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), es gratuita y está abierta a toda la comunidad. Por lo tanto, no es necesario ser estudiante o egresado de la institución para participar.

¿Cuándo y dónde se realizará la Feria Laboral INACAP-CPC 2026?

La feria contará con una modalidad online entre el lunes 9 y el viernes 13 de noviembre. Durante esos días, las personas podrán revisar las ofertas disponibles, completar sus perfiles y postular a los puestos de trabajo publicados en la plataforma oficial.

Además, el martes 10 y miércoles 11 de noviembre se realizarán jornadas presenciales, entre las 09:00 y las 16:00 horas, en sedes de INACAP de las distintas regiones del país.

En la Región Metropolitana, las actividades presenciales se llevarán a cabo en la sede Santiago Sur, ubicada en avenida Vicuña Mackenna 3864, en la comuna de Macul.

¿Qué empleos estarán disponibles en la feria laboral?

La convocatoria contempla oportunidades en distintos sectores productivos y de servicios, con alternativas para personas que buscan incorporarse al mercado laboral o adquirir experiencia profesional. Entre las opciones disponibles se encuentran:

• Empleos formales en distintas áreas.
• Prácticas profesionales.
• Trabajos part-time y temporales.
• Oportunidades en empresas de diferentes sectores productivos.

¿Cómo inscribirse y postular a las ofertas de trabajo?

Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial de la Feria Laboral INACAP-CPC 2026, registrarse gratuitamente y completar o actualizar su perfil profesional en la plataforma Emplea X Chile. Ingresa aquí

Desde el 9 de noviembre podrán revisar las vacantes disponibles y realizar sus postulaciones. Quienes ya tengan una cuenta en Emplea X Chile podrán ingresar utilizando sus credenciales.

La actividad forma parte de una iniciativa que busca conectar a las personas que necesitan empleo con organizaciones que requieren incorporar nuevos talentos en distintas zonas del país.

El Ministerio de Justicia otorgó 56 reducciones de pena a personas condenadas por abuso sexual de menores y violación. La decisión generó cuestionamientos de la oposición y de la Defensoría de la Niñez, mientras parlamentarios buscan que el ministro Fernando Rabat explique los fundamentos de las medidas.

Una polémica enfrenta al Ministerio de Justicia luego de que se conociera que, entre marzo y septiembre de 2026, la cartera concedió 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra menores. Las decisiones fueron adoptadas mediante decretos administrativos y ahora son cuestionadas por parlamentarios y organismos de protección de la niñez.

Según una investigación de Interferencia citada por El Mostrador, se dictaron 27 decretos relacionados con condenas por abuso sexual de menores y otros 29 por violación. De 57 solicitudes revisadas, solo una fue rechazada.

¿Por qué se cuestionan las rebajas?

La controversia se centra en la aplicación de las normas sobre reducción de condenas. En 2022, una reforma legal excluyó determinados delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes de estos beneficios. Sin embargo, existen diferencias sobre cómo se aplica esa exclusión en casos vinculados a hechos anteriores a la reforma.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió las decisiones y sostuvo que se basan en criterios de la Corte Suprema. No obstante, sus explicaciones han sido cuestionadas, ya que los beneficiados no habrían recurrido directamente a tribunales para solicitar estas rebajas.

La Defensoría de la Niñez manifestó su preocupación y anunció que solicitará los antecedentes que justifican las decisiones. El organismo advirtió sobre sus posibles efectos en la protección de las víctimas.

Oposición pide explicaciones al ministro Rabat

El Partido Comunista anunció que buscará impulsar una interpelación al ministro en el Congreso, instancia en la que deberá responder preguntas de los parlamentarios.

En tanto, la bancada PPD-Independientes solicitó conocer los decretos, los fundamentos jurídicos de cada caso, la cantidad de años rebajados y si alguno de los beneficiados recuperó su libertad.

Desde el Gobierno, el vocero Gonzalo Arenas calificó la cobertura del caso como “malintencionada” y defendió la legalidad del procedimiento.

Por ahora, la controversia se concentra en esclarecer por qué se concedieron los beneficios, qué criterios se aplicaron y cómo se consideraron los derechos de las víctimas.