El Ministerio de Vivienda anunció que revertirá la expropiación de las cerca de 117 hectáreas de la antigua Colonia Dignidad (Villa Baviera), medida que había sido comunicada por el expresidente Gabriel Boric como parte del Plan Nacional de Búsqueda. El ministro Iván Poduje atribuyó la decisión a observaciones de la Contraloría, falta de recursos y “irregularidades” en el proceso.
En entrevista con Radio 13c, Poduje explicó que el ministerio dio marcha atrás porque “la Contraloría indica claramente que no podemos” y porque, a su juicio, hubo atajos administrativos. “Ellos buscaron una figura donde expropiamos para un tercero, y el tercero le pasaba el tema a Bienes Nacionales”, afirmó el ministro, añadiendo que equipos técnicos regionales habían advertido que la fórmula no procedía.
El secretario de Estado también dijo que la reversa responde a restricciones presupuestarias impartidas por el gobierno, que ordenó recortes del 3% en el presupuesto ministerial. En ese contexto, señaló que “ni siquiera se provisionaron los recursos para la tasación. O sea, yo hoy día no puedo mandarlo a tasar”. Poduje criticó además el monto informado en la administración anterior: “el valor que había eran $70 millones, lo cual es una locura, una tasación cara vale 200 UF, o sea $8 millones, $9 millones”.
Poduje calificó el expediente como una “papa caliente” heredada por su cartera y sostuvo que, más allá del costo, “dejando afuera el tema costo, no tenemos las atribuciones, la Contraloría nos dijo que no”. Según el ministro, en la tramitación se consideró incluso la figura de expropiar “para hacer un equipamiento educacional comunitario”, lo que describió como “un artilugio” para sortear las limitaciones legales.
Sobre las motivaciones de la administración anterior, el ministro indicó que no existe “certeza de por qué se hizo así” y comentó que, “al parecer”, el exministro Carlos Montes “quería estar involucrado” en el procedimiento, según sus declaraciones a Radio 13c.
La decisión del Minvu implica, por ahora, la paralización del trámite de expropiación anunciado previamente. Queda pendiente la definición de la vía administrativa o legal para abordar la protección del sitio y las posibles acciones de otros organismos estatales, dado que la Contraloría fue determinante en la resolución señalada por el ministro.
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