La agrupación Juventudes Comunistas (JJ.CC.) se desvinculó este jueves de la agresión contra la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurrida en la Universidad Austral de Valdivia, y rechazó sanciones a estudiantes sin un “debido proceso” y una “investigación seria”, en medio de la escalada de reacciones del Gobierno y la oposición.
En el episodio ocurrido el miércoles, la ministra Lincolao fue rociada con agua y permaneció retenida durante dos horas y media en el aula magna de la casa de estudios, según reportes. Tras el hecho, la Universidad Austral inició una investigación interna que podría derivar en medidas disciplinarias, mientras que el Gobierno instó a expulsar a los involucrados y anunció la presentación de una querella criminal.
Ante estas medidas, las Juventudes Comunistas emitieron un comunicado en el que subrayan que “las acciones violentas no forman parte de la línea política de las Juventudes Comunistas de Chile ni de su expresión local en Valdivia. Las JJ.CC. no hemos convocado ni auspiciado este tipo de iniciativas”. Añadieron que “no hemos convocado ni auspiciado este tipo de iniciativas”.
El colectivo juvenil expresó además que comprende “la protesta estudiantil en marco de la angustia y descontento que han generado los anuncios del nuevo gobierno en la gran mayoría de la población. Hoy el foco debe estar en el trasfondo y en cómo las políticas públicas instaladas por el actual gobierno han afectado y afectarán al pueblo de Chile”.
Respecto a las posibles sanciones, las JJ.CC. rechazaron “que se apliquen sanciones a estudiantes sin la existencia de un debido proceso, con investigación seria, transparencia y pleno respeto a las garantías de las y los estudiantes”. Del mismo modo, manifestaron su rechazo a medidas represivas: “Asimismo, repudiamos las amenazas y persecución a quienes se manifiestan y ejercen su derecho a la libertad de expresión”.
La reacción de las Juventudes Comunistas se suma a iniciativas políticas impulsadas por la oposición de derecha y por el Ejecutivo. La bancada de la UDI presentó un proyecto que busca que estudiantes condenados por actos de violencia pierdan la gratuidad, mientras que el Gobierno anunció indicaciones para el programa “Escuelas Protegidas” que, según comunicados oficiales, se evaluaría ampliar a la educación superior.
El caso ahora avanza por varias vías: la investigación disciplinaria de la Universidad Austral, la querella anunciada por el Ejecutivo y las propuestas legislativas en el Congreso que abordan sanciones y medidas de seguridad en establecimientos educacionales. La resolución de estos procesos determinará si se aplican expulsiones u otras sanciones y cómo se regularán las respuestas institucionales frente a episodios de violencia en universidades.
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