El diputado y candidato presidencial Johannes Kaiser afirmó desde el Congreso que el reportaje sobre la detención y posible ubicación en Argentina de Bernarda Vera “siembra un manto de dudas” sobre los antecedentes contenidos en el informe Rettig y cuestionó la gestión del Plan de Búsqueda del Gobierno.
Kaiser reaccionó al reportaje de Chilevisión en el Congreso y sostuvo que la investigación periodística “desprestigia profundamente toda la labor en materia de derechos humanos que se ha hecho hasta el momento y siembra un manto de dudas sobre aquello que considerábamos cierto, especialmente los datos entregados a través del informe Rettig”.
El parlamentario agregó que el caso “también nos muestra hasta qué punto se han hecho las cosas de manera completamente amateur, para ser amistoso en la descripción, porque nosotros tenemos cientos de restos que están en el Servicio Médico Legal sin identificar”.
Sobre la posible responsabilidad de exuniformados, Kaiser afirmó que “sería extremadamente complejo si existiese algún exuniformado condenado por su desaparición, porque ahí estamos hablando de temas ya bastante más graves que solamente haberle robado plata al fisco de Chile”.
La controversia alcanzó al ministro de Seguridad, Luis Cordero, sobre cuya continuidad la oposición ha pedido la renuncia. Según el exdetective Sandro Gaete —una de las fuentes del reportaje— Cordero “habría conversado con él y le habría confirmado que se encontraban estudiando el tema”.
Cordero, en tanto, negó haber sostenido esa conversación con Gaete y explicó que tuvo “conocimiento del caso desde 2024”, pero que “la información con antecedentes sobre la situación de esta persona, recién se recibió por el Estado de Suecia, producto de un oficio emitido en abril del año 2025, en mayo de este año”.
Kaiser acusó además que, de confirmarse las imputaciones, el secretario de Estado “a cargo del Plan de Búsqueda sabe que ese Plan de Búsqueda no tiene ningún sentido en la medida en que no sepamos ya a quiénes tenemos. Si es cierto lo que se le estaba imputando, una vez más ha incurrido en una falta ética muy grave que lo que hace es poner en duda toda la historia en materia de derechos humanos de los últimos años”. Sobre las implicancias judiciales, añadió: “Y, por lo demás, también las resoluciones de los tribunales de justicia en la materia”.
Queda pendiente la verificación formal de los antecedentes presentados por el reportaje y la respuesta oficial del Gobierno sobre las responsabilidades administrativas o políticas en el manejo del Plan de Búsqueda. En el Congreso seguirán las gestiones y solicitudes de aclaración por parte de la oposición, mientras se espera el avance de las investigaciones correspondientes.
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