El gobierno del presidente electo José Antonio Kast asumirá el 11 de marzo con al menos una decena de causas judiciales activas que deberá monitorear, desde investigaciones por corrupción hasta procedimientos relacionados con narcotráfico en las Fuerzas Armadas. En esa agenda legal confluyen procesos que tendrán implicancias políticas para el Ejecutivo, el Congreso y la oposición.
La principal arista es el llamado caso Convenios. La causa Democracia Viva, que investiga tres convenios por un total de $426 millones, tiene fijada la audiencia de preparación de juicio oral para el 19 de enero, por lo que el eventual juicio probablemente se desarrolle con Kast ya en La Moneda. Entre los formalizados o investigados figuran la exdiputada Catalina Pérez, el presidente de la fundación Daniel Andrade y el exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras.
La investigación ligada a la fundación ProCultura —cofundada por el psiquiatra Alberto Larraín— sigue sin formalizados. La fiscalía podría eventualmente formular cargos por la presunta apropiación indebida de $1.015 millones del programa Quédate del Gobierno Regional Metropolitano, además de aristas en Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Ñuble, Biobío y Magallanes por montos menores.
En paralelo, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) tramita acciones contra el gobernador de Santiago, Claudio Orrego, por el caso ProCultura y otros antecedentes. Orrego, vinculado políticamente con Larraín, ha rechazado responsabilidad en hechos ilícitos.
Otra causa de alto impacto es la conocida como Monsalve. En diciembre la fiscalía presentó la acusación por violación y abuso sexual contra el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve, para la que solicitó penas que incluyen 14 años de cárcel. En ese juicio la fiscalía llamará a declarar como testigo al presidente Gabriel Boric.
El escándalo de los llamados “Audios” y la situación del penalista Luis Hermosilla, hoy con arresto domiciliario, constituyen otra arista que seguirá su curso judicial bajo la próxima administración. De esa investigación ya derivaron condenas, como la del exdirector de la PDI Sergio Muñoz, y otras diligencias vinculadas a la denominada trama bielorrusa.
Sobre esa trama, en diciembre la Corte de Apelaciones de Santiago declaró admisibles capítulos de la querella contra la ex ministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, allanando el camino para eventuales formalizaciones por cohecho y aceptación de sobornos. Varios imputados relacionados con el consorcio Belaz Movitec —que recibió pagos de Codelco— se mantienen en prisión preventiva. Además, la fiscalía de Los Lagos abrió una investigación por posibles influencias indebidas en el caso del proyecto Dominga.
La próxima administración también deberá seguir las indagaciones por narcotráfico en unidades del norte del Ejército y de la Fach. En Tarapacá, la fiscalía investiga la interceptación de cuatro kilos de ketamina el 3 de julio de 2025 en la base aérea Los Cóndores de Iquique, y señala que antes habrían ocurrido otros traslados de drogas a Santiago; por ese caso fueron dados de baja cinco funcionarios. A esto se suma un caso de tráfico de cocaína en el Ejército ocurrido en junio.
Entre otras causas que continuarán bajo observación figuran Chinamart, donde la diputada y senadora electa Karola Cariola declaró como imputada por presunto tráfico de influencias a favor del lobista Bo Yang; el caso Farmacias Populares, en el que está imputado el exalcalde Daniel Jadue; y el expediente sobre Bernarda Vera, cuya investigación judicial podría afectar decisiones sobre un plan de búsqueda y beneficios a su familia.
También permanecerán pendientes procesos con repercusiones sociales y de derechos humanos, como la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, ocurrida el 8 de noviembre de 2024, que suma denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el juicio por el secuestro y homicidio del teniente en retiro Ronald Ojeda —cuyos restos fueron hallados el 1 de marzo de 2024— en el que la fiscalía imputó a integrantes de la banda Los Piratas de Aragua.
A menos de tres meses del cambio de mando, el equipo de Kast prepara su gabinete: según fuentes vinculadas al presidente electo, los ministros sectoriales —que “serán anunciados hacia el 15 de enero”— tendrán un rol clave en el manejo político y técnico de estas causas. La agenda judicial y el calendario de audiencias marcarán los próximos pasos que deberá monitorear el nuevo Gobierno.
Seguiremos informando la evolución de estos procesos en portalnacional.cl.
