La Tesorería General de la República informó que “depositó el 16 de enero $204.951.320” a beneficiarios de las pensiones de gracia del 18-O, con lo que los pagos desde el inicio del proceso suman $7.009.644.357, según consta en una solicitud por ley de transparencia. El millonario gasto y las dudas sobre la autenticidad de varios beneficiarios serán uno de los asuntos que deberá abordar el Gobierno tras el cambio de mando del 11 de marzo.
Según el informe revisado, la consulta por transparencia incluyó a 418 beneficiados por este mecanismo, creado tras el estallido social de 2019. El total desembolsado equivale a cerca de US$8,2 millones y, de continuar la tendencia, “el gasto público por este concepto superaría los $9.000 millones a fines de 2026”, según el cálculo reportado por Ex-Ante.
Durante la administración del Presidente Gabriel Boric se otorgaron 270 pensiones vitalicias, mientras que en el gobierno del expresidente Sebastián Piñera se entregaron 148. Ese contraste ha potenciado el debate parlamentario sobre la continuidad y el control del beneficio.
La entrega del beneficio ha sido cuestionada por la detección de “falsas víctimas” entre casos reales y por las vulnerabilidades del mecanismo de asignación, que se basó en los testimonios ante el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). El informe 419/2023 de la Contraloría General de la República identificó 58 casos con antecedentes penales previos, incluidos delitos como estafa, tráfico de drogas, abuso sexual y homicidio.
En materia judicial, el fiscal nacional Ángel Valencia encargó la investigación al fiscal Metropolitano Occidente Marcos Pastén. Pese a más de dos años de indagaciones, sólo se han formalizado cargos por fraude de subvenciones en dos casos: el de Francisco Gatica Catalán —quien declaró haber sufrido una lesión ocular y percibió $7.341.227 antes de que el beneficio le fuera revocado— y el de Robinson Jaramillo Monje, a quien se le depositaron $6.896.461 y que llegó a estar en prisión preventiva por antecedentes y condenas anteriores. Otro caso destacado es el de Juan Francisco Villalobos Prado, un ex prófugo por estafa que, pese a que el INDH dejó de respaldar su calidad de presunta víctima hace un año, continúa recibiendo la pensión y no ha sido imputado.
Frente a estos antecedentes, el Ejecutivo de transición y parlamentarios electos han planteado medidas. El diputado y senador electo Andrés Longton (RN) anunció que pedirá a Kast “que revoque todas y cada una de las pensiones de gracia… a falsas víctimas del estallido social, que le están costando miles de millones de pesos a todos los chilenos”. La diputada electa Javiera Rodríguez (Republicanos) sostuvo que las pensiones “deberían terminar, sin excepción alguna. Es un beneficio que no tiene trazabilidad, donde supuestas víctimas reciben un pago por haber estado involucradas en situaciones violentas durante el estallido”.
En 2024 el gobierno revocó 28 pensiones de gracia y, el 5 de febrero, canceló tres adicionales. Además de las revocaciones administrativas, la lentitud en la judicialización de los casos y la falta de requisitos como la verificación de antecedentes penales por parte del INDH o de la comisión que analizó los expedientes son puntos que han motivado solicitudes de revisión por parte de parlamentarios y grupos de trabajo.
