El presidente electo José Antonio Kast salió este lunes a respaldar al futuro subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, pese a la divulgación de sociedades con empresarios que afrontan procesos judiciales, en medio de cuestionamientos desde la oposición y un debate sobre probidad en el Gobierno.
Kast, desde Los Lagos, afirmó: “Tengo la mejor opinión de nuestro subsecretario Andrés Jouannet”.
“Todos los antecedentes que ustedes tienen se manejaban con mucha anticipación”, agregó el mandatario electo, en alusión a los vínculos empresariales que salieron a la luz en los últimos días.
Las sociedades cuestionadas del designado subsecretario incluyen a empresarios como Emilio Yang, imputado en la causa relacionada con Karol Cariola, y Alberto Hadad, formalizado por financiamiento irregular de campañas políticas en 2019. Según la coalición del Presidente electo, esos antecedentes eran conocidos antes del nombramiento.
El respaldo al eventual subsecretario se reflejó también en la actividad política: la futura ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, acompañó a Jouannet y a la próxima subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, a una bilateral con Luis Cordero, según fuentes del equipo de transición.
José García Ruminot, quien asumirá como ministro secretario general de la Presidencia, defendió la designación y sostuvo que Jouannet “es una persona que no se involucraría en las cosas indebidas que se han anunciado. En todo caso, esa es mi opinión y naturalmente son materias que él mismo tendrá que ir aclarando. Sé, además, que ha aportado muchos antecedentes para irlo aclarando y finalmente quien resuelve es su ministra con el Presidente de la República”.
Desde el Gobierno actual, la vocera Camila Vallejo señaló que “si hay dudas de la probidad o los posibles conflictos de interés que pueda tener, les corresponderá a ellos referirse a aquello, no a nosotros”, poniendo el énfasis en que corresponde a la futura administración abordar las aclaraciones.
Las críticas por las sociedades surgieron públicamente días atrás y han generado reacciones desde distintos sectores de la política. El caso plantea interrogantes sobre transparencia y posibles conflictos de interés en un cargo ligado directamente a la seguridad pública.
