El nombramiento de Jaime Campos como ministro de Agricultura por parte del Presidente electo José Antonio Kast reavivó una denuncia presentada ante la Fiscalía en 2018 y abrió un nuevo frente de debate en el Gobierno y la oposición sobre probidad y designaciones públicas.
En 2018, cuando Jaime Campos era ministro de Justicia de la entonces presidenta Michelle Bachelet, el entonces diputado José Antonio Kast presentó una denuncia contra la mandataria y el secretario de Estado “por presunto cohecho y soborno”, según informó la época. La denuncia se originó por la designación de Luis Toledo, exfiscal del caso Caval, como notario de San Fernando.
“De acuerdo con lo que el mismo Campos declaró en ese entonces, hubo instrucciones para designar a Toledo y descartar a quien inicialmente sería el notario, Alberto Ortega”, señalaron las fuentes de la cobertura sobre el hecho.
El episodio se vinculó al caso Caval, que involucra al hijo de Bachelet, Sebastián Dávalos, y a su esposa Natalia Compagnon, “a quienes se les acusó de tráfico de influencias y delitos tributarios en la compraventa de terrenos en Machalí”, según los antecedentes registrados en 2018.
A casi ocho años de aquella denuncia, el Presidente electo nombró a Campos en su gabinete de Agricultura y, ante las reacciones públicas, describió al exministro como “un maestro”, dijeron desde el comando. Campos aceptó integrarse al nuevo gobierno pese a la reacción de su colectividad: “decidió integrarse al gobierno de Kast pese a la amenaza de su colectividad, el Partido Radical”, partido que formaba parte del oficialismo y que respaldó a Jeannette Jara en la primera vuelta presidencial.
La confirmación de Campos en el gabinete vuelve a situar sobre la agenda política temas vinculados a designaciones públicas, Fiscalía y la responsabilidad política de los ministros. Queda pendiente la formalización de los cargos y el seguimiento de las reacciones en el Congreso y en la opinión pública.
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