La Cámara de Diputadas y Diputados dio un nuevo paso para ampliar el descanso de Fiestas Patrias al declarar admisibles tres proyectos que buscan establecer el 17 de septiembre como feriado. Los parlamentarios debatieron la propuesta durante la jornada del martes 18 de agosto y aprobaron la admisibilidad con apoyo transversal, aunque el Gobierno del presidente José Antonio Kast rechazó de inmediato respaldar la iniciativa.

La diputada Zandra Parisi (PDG) presentó el primer proyecto y consiguió 64 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones. El diputado Javier Olivares (PDG) impulsó la segunda moción y obtuvo 62 votos favorables, 44 negativos y tres abstenciones. El Partido Comunista presentó la tercera propuesta y reunió 57 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Con estos resultados, las tres iniciativas lograron superar el primer trámite y avanzaron en el Congreso.

El Ejecutivo reaccionó con firmeza y descartó apoyar la idea. El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, afirmó que los feriados de septiembre ya están definidos por ley y que no corresponde innovar. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió que un día menos de trabajo provocaría un perjuicio económico en un escenario marcado por la cesantía y la baja productividad.

Feriado del 17 de septiembre

Los defensores del feriado argumentaron que la medida permitiría extender el descanso, facilitar viajes familiares y dinamizar sectores como el turismo y la gastronomía. También sostuvieron que un día adicional reduciría la concentración de desplazamientos en pocas jornadas y disminuiría los accidentes de tránsito. Los detractores respondieron que la propuesta afectaría la productividad, generaría pérdidas en comercio e industria y abriría un debate permanente sobre nuevos feriados.F

La Cámara continuará la tramitación de las tres mociones en las próximas semanas, pero el rechazo del Gobierno anticipa un escenario complejo. Aunque los proyectos lograron apoyo transversal en su primera etapa, el Ejecutivo cerró la puerta a un “puente festivo” y reafirmó que los feriados irrenunciables seguirán siendo únicamente el 18 y 19 de septiembre.

El Gobierno del presidente José Antonio Kast ingresó este lunes al Senado un proyecto de reforma de seguridad con suma urgencia, que busca fortalecer el sistema nacional de seguridad pública y crear un nuevo estado de excepción específico para enfrentar amenazas graves vinculadas al crimen organizado y el terrorismo.

La propuesta, parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), contempla ocho modificaciones a la Constitución. Entre ellas destacan la incorporación de la seguridad pública como deber del Estado, la creación de un registro de organizaciones criminales y terroristas, regímenes penitenciarios diferenciados para sus líderes y nuevas facultades para incautar bienes vinculados al narcotráfico.

Asimismo, el texto establece inhabilidades perpetuas para condenados por delitos de crimen organizado y terrorismo, además de restricciones para acceder a determinadas prestaciones públicas durante la condena y hasta 15 años después de cumplirla.

El nuevo estado de excepción de seguridad pública tendrá una duración inicial de 120 días, prorrogables por el Presidente, y permitirá restringir locomoción, reunión y asociación, además de interceptar comunicaciones y requisar bienes.

Con esta reforma, La Moneda busca dotar al Estado de herramientas más robustas para enfrentar el avance del crimen organizado, en un contexto donde la seguridad se ha consolidado como la principal preocupación ciudadana.

La seguridad se consolidó como la principal preocupación de los chilenos, según la encuesta Agenda Criteria publicada el 16 de agosto. El estudio reveló que un 28% de los consultados mencionó la delincuencia como su mayor inquietud, superando a la salud pública (16%) y al empleo (15%), lo que confirma el peso del tema en la agenda ciudadana.

En este contexto, la aprobación del presidente José Antonio Kast llegó al 35%, mientras que su desaprobación alcanzó el 55%. Además, un 54% de los encuestados consideró que la gestión del Gobierno en materia de seguridad ha sido peor de lo esperado, frente a un 19% que opinó lo contrario.

La encuesta también indagó sobre las responsabilidades de la situación actual. Un 35% atribuyó los problemas a la administración anterior, un 32% señaló una combinación de factores y un 27% responsabilizó directamente al actual Gobierno.

Asimismo, la percepción varía según la posición política de los entrevistados. Mientras el 62% de la derecha culpa a la herencia recibida, el 50% de la izquierda responsabiliza a la administración de Kast. Estos resultados reflejan cómo la mirada sobre la seguridad se encuentra atravesada por la polarización política.

La encuesta Criteria confirma que la seguridad domina las prioridades ciudadanas y, al mismo tiempo, evidencia un desafío político para el Gobierno, que enfrenta críticas tanto por la gestión actual como por la herencia recibida. La delincuencia, más que nunca, se instala como el eje central del debate público en Chile.

La Cámara de Diputados comenzó este lunes la discusión en particular del proyecto de ley (Boletín 17.662-07) que agrava las sanciones por insultos u ofensas dirigidas a funcionarios de Carabineros y la PDI. La propuesta, impulsada por parlamentarios de Renovación Nacional y la UDI, se enmarca en la agenda de seguridad del Gobierno y ya genera críticas desde la oposición.

El texto aumenta las penas para quienes insulten o agredan verbalmente a policías y, además, incorpora una agravante cuando las ofensas se cometen en grupo. Asimismo, la iniciativa faculta la detención en flagrancia, lo que permitiría a Carabineros actuar de inmediato frente a este tipo de conductas.

Desde el oficialismo, los autores del proyecto defendieron la medida como una forma de respaldar institucionalmente a las policías. El diputado Jaime Coloma (UDI) aseguró que la propuesta busca “subir las penas a quienes atacan a nuestros carabineros, también a quienes los ofenden o buscan denostar”.

El debate del proyecto

Por otro lado, la oposición cuestionó la iniciativa y la calificó como una acción comunicacional más que una herramienta efectiva contra la delincuencia. La diputada Tatiana Urrutia (FA) criticó que mientras se discute cómo convertir un insulto en delito, Carabineros enfrenta a delincuentes fuertemente armados. En la misma línea, el diputado Patricio Pinilla (DC) sostuvo que el proyecto entrega una señal política, pero no aborda el problema de fondo.

El debate también incluyó al Partido de la Gente, que si bien respaldó la idea de reforzar la protección policial, advirtió que se deberían llenar vacíos legales en lugar de endurecer penas sobre conductas ya tipificadas.

La discusión refleja la tensión entre quienes buscan fortalecer el respaldo a Carabineros y la PDI y quienes consideran que la medida no responde a las urgencias de la seguridad ciudadana. Mientras el oficialismo insiste en que el proyecto protege la labor policial, la oposición reclama que el foco debe estar en combatir el crimen organizado y el uso de armas en las calles.