El candidato presidencial José Antonio Kast presentó este lunes su “Plan Marchas sin Violencia”, que propone reforzar el apoyo a Carabineros, aumentar inteligencia y tecnología para el control de manifestaciones y aplicar sanciones a organizadores y encapuchados, en plena carrera hacia las elecciones 2025 y con posibles efectos en el Congreso y la relación con el Gobierno y la oposición.
Kast, abanderado de los partidos Republicano y Social Cristiano, expuso la iniciativa el 8 de septiembre de 2025 y planteó que el objetivo es “fortalecer el uso de tecnología e inteligencia” para enfrentar manifestaciones.
En su diagnóstico, el candidato advirtió que, a su juicio, una vez que la izquierda “pierda el poder, va a volver a la calle a impulsar la violencia y la desestabilización del gobierno”, dijo Kast durante la presentación.
Entre las medidas del plan figura la prohibición y sanción del uso de capuchas y overoles en manifestaciones. Kast explicó que esperan “que el que marche lo haga a cara descubierta, que se haga responsable de lo que está realizando”, señaló el exdiputado.
La propuesta también busca responsabilizar legalmente a quienes convocan o organizan protestas. “Queremos vía legal señalar que vamos a determinar que el que convoca y el que invita, organiza a una de estas marchas va a tener que pagar los daños”, manifestó Kast. Añadió además que, si un dirigente o partido apoya una marcha, “se le va a perseguir por cualquier daño y perjuicio que sufra toda la estructura pública como también los bienes particulares que se vean dañados”, dijo el candidato.
Otras medidas contempladas son el control de identidad reforzado, la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado y el fortalecimiento de “armas disuasivas” para el control del orden público, según detalló la iniciativa. Además, el plan propone proteger la identidad de los carabineros y agentes de control, resguardando “su rostro e identidad”, y estudiar la creación de una Fiscalía Antidisturbios.
La presentación de Kast ocurre en un escenario de tensiones políticas recientes y de debate público sobre normas y resguardo del orden en las manifestaciones. Queda por conocer la recepción que tendrá el plan entre el Gobierno, la oposición y en el Congreso, así como el eventual trámite legislativo de las propuestas que impliquen cambios legales.
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