El candidato presidencial José Antonio Kast aseguró en un debate que, de llegar a La Moneda, hará cambios legislativos y destinará hasta “US$300 millones” si es necesario para expulsar a migrantes en situación irregular, en una propuesta que plantea discusión sobre migración, Congreso y seguridad pública.
En el debate organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile (Archi), Kast detalló que su plan contempla expulsiones mediante vuelos chárter con capacidad para 100 personas, y defendió la disponibilidad de recursos para financiar las operaciones. Según el moderador, la operación requeriría alrededor de 2.800 vuelos, lo que equivaldría a unos US$300 millones; además se planteó que muchos de los migrantes en situación irregular provendrían de Venezuela, país que —según la consulta— podría no permitir sobrevuelos ni aterrizajes y donde además falta representación consular.
Kast explicó que, antes de asumir, espera una reducción del número de personas en situación irregular. “Les quedan 128 días a los inmigrantes irregulares para dejar el país”, afirmó el candidato, y añadió que aquellos que opten por salir “deberían haber bastantes menos” al momento de su eventual gobierno.
Sobre la vía legislativa, el abanderado del Partido Republicano y Social Cristiano dijo que su gobierno promovería una batería de iniciativas. “Vamos a tener que hacer un cambio legislativo y para eso nosotros hemos dicho que tenemos una serie de proyectos de ley que vamos a incorporar al debate legislativo a partir del 11 de marzo”, afirmó Kast, advirtiendo que las normas permitirán retener, alojar y deportar a quienes estén en situación irregular.
En respuesta a observaciones sobre el presupuesto actual del Servicio Nacional de Migraciones —que en el debate se señaló dispone de aproximadamente US$20 millones en total, de los cuales cerca de US$4 millones se destinan a expulsiones—, Kast sostuvo: “Va a haber lo suficiente, y si son 300 millones de dólares los vamos a tener y los vamos a expulsar”. Sobre el costo económico vinculó su propuesta con la seguridad pública: “Si tenemos que hacerlo, la seguridad de los chilenos vale eso y más”, concluyó.
La propuesta plantea desafíos prácticos y jurídicos que deberán ser discutidos en el Congreso y en el seno del Gobierno, así como posibles implicancias en relaciones internacionales y en la protección consular. Los próximos pasos anunciados por Kast incluyen la presentación de proyectos de ley desde el 11 de marzo, lo que abrirá el debate parlamentario sobre las medidas propuestas y su financiación.
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