El Presidente Javier Milei firmó el 11 de marzo la orden de extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, pero la operación —coordinada con la PDI y prevista con traslado inmediato— se vio retrasada por una decisión judicial en Buenos Aires que demoró el envío del ex líder del FPMR a Chile, según reportó Ex-Ante.
La avanzada gestión chilena estaba organizada: la PDI había dispuesto un avión y equipo para el traslado, y fuentes vinculadas al caso señalaron que “todo estaba listo para que esa semana llegara a Chile”, incluso con la familia de Apablaza ya en el país, informó la misma nota.
El expediente permaneció en el escritorio del juez federal Ariel Lijo desde marzo. Ex-Ante consignó que Lijo aplazó la notificación para el traslado —el llamado “téngase presente”— mientras analizaba una causa que no había visto previamente tras asumir como juez subrogante del undécimo juzgado.
Ante la demora, la jueza María Servini de Cubría, actuando como subrogante, autorizó esta semana la extradición del ex frentista. Los tribunales de segunda instancia de Argentina habían retirado definitivamente la condición de refugiado político a Apablaza el 14 de febrero de 2026, lo que dejó formalmente abierta la vía para su entrega a Chile.
La trayectoria judicial y política del caso fue repasada en la nota, que recordó episodios anteriores de protección política: en 2005 el juez Claudio Bonadio rechazó un pedido de extradición; en 2010 el gobierno de Cristina Fernández le otorgó la condición de refugiado pese a un fallo favorable de la Corte Suprema; y durante la administración de Mauricio Macri esa condición fue revocada, trámite que retomó la gestión del actual Ejecutivo argentino.
Sobre el papel de Lijo en la demora, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires afirmó en una declaración pública que “El Dr. Lijo ha sido reiteradamente cuestionado por mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura de la Nación por su actuación irregular o morosa en causas de corrupción contra la Administración Pública Nacional”. El mismo organismo sostuvo que “En particular, este Colegio lo denunció ante el Consejo por la demora en la tramitación de numerosas causas”.
El periodista Carlos Pagni interpretó la postergación como una decisión de corte político y escribió en su editorial titulada “Lijo: la casta 1, Milei 0” que “Lijo tiene una fama, probablemente bien ganada, de ser un juez que sabe administrar los tiempos de la impunidad”. Pagni vinculó además la intención de Lijo de aspirar al cargo de Procurador General con la necesidad de obtener apoyos del bloque kirchnerista/peronista en el Senado, tras haber visto su postulación a la Corte Suprema rechazada por la Cámara alta.
La nota también indicó que, bajo la administración de Gabriel Boric, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal había respaldado la operación y que la entonces ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, ofreció garantías de seguimiento para evitar una fuga, algo que según Ex-Ante “finalmente ocurrió este miércoles”.
Queda por conocer cómo continuará la coordinación entre las autoridades chilenas y argentinas tras la autorización judicial y la fuga reportada, y si se adoptarán nuevas medidas para lograr la extradición efectiva. La resolución del caso tendrá implicancias en la gestión judicial y en la relación bilateral con Argentina, y seguirá siendo tema de atención en las secciones de Política y Justicia.
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