Diputados de la oposición solicitaron este viernes la renuncia de la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, luego de que la Corte de Apelaciones de Coyhaique otorgara libertad condicional al condenado Mauricio Ortega, sentenciado por la agresión a Nabila Rifo. La controversia reavivó críticas al Gobierno y al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) por presunta negligencia en el seguimiento del caso.
Ortega, condenado a 18 años de prisión, obtuvo el beneficio tras postular junto a otros 35 internos y ser considerado de “bajo compromiso delictual” y con “conducta intachable”, según la resolución judicial de Coyhaique.
Frente a la decisión judicial, la ministra Antonia Orellana afirmó que se adoptaron medidas administrativas: “tomaron ‘dos decisiones respecto a los recursos que proceden a esta decisión que no compartimos que son un recurso de amparo por la liberación de Ortega y un recurso de reposición contra la resolución que concede el beneficio'”, dijo Orellana.
Según un reportaje de Bío Bío Investiga, la abogada del SernamEG que representó a Rifo en el proceso, Beatriz Ramírez, fue destituida y la causa no habría sido reasignada a otro profesional. Ese antecedente motivó cuestionamientos desde la oposición sobre la gestión del servicio.
La ministra defendió además el procedimiento de notificación: “la ley dice que si una persona que cometió un delito en mi contra pide una libertad condicional, yo debo ser notificada. ¿Notificada de cualquier forma? No, tengo que ser notificada de la forma en que yo elegí cuando se terminó el juicio y lo declararon culpable”, sostuvo Orellana. Desde SernamEG, según la ministra, indicaron que “ni la víctima ni el Servicio fueron debidamente notificados”.
Diputados del Partido Republicano exigieron la salida de la secretaria de Estado. La diputada Sofía Cid aseguró que “ya no basta con una disculpa. Han sido demasiados los casos donde la ministra Orellana ha fallado a las mujeres que dice representar. Por eso presenté un proyecto para negar la libertad condicional a delincuentes peligrosos, porque la protección de las víctimas no puede depender de la torpeza del sistema, sino de leyes firmes y justicia real”.
En la misma línea, la diputada Catalina del Real afirmó que la liberación de Ortega “representa un fracaso sistemático del Estado en garantizar la seguridad de las mujeres. Es fundamental que este tipo de errores no se repitan, y eso comienza con la asunción de responsabilidades por parte de quienes están al mando”.
Diputados de Renovación Nacional enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando la remoción de la ministra y presentaron un oficio a la Contraloría para que emita un pronunciamiento sobre la actuación del SernamEG.
Los próximos pasos incluyen la evaluación de la petición de remoción por parte del Ejecutivo y la eventual respuesta de la Contraloría. La controversia tiene impacto en la confianza pública sobre las instituciones responsables de la protección de las víctimas y podría derivar en modificaciones en los procedimientos de notificación y en iniciativas legislativas sobre libertad condicional.
Sigue la cobertura política de este y otros casos en portalnacional.cl.
