La absolución del exteniente coronel Claudio Crespo en el caso Gustavo Gatica volvió a poner en el centro del debate la Ley Naín‑Retamal y provocó un quiebre dentro del oficialismo, con el Partido Socialista anunciando el congelamiento de su participación en la alianza gubernamental. La decisión judicial y las reacciones políticas reactivaron el debate en el Congreso sobre la normativa promulgada en 2023.
El tribunal estableció que “no es posible atribuirle participación en calidad de autor de un delito de apremios ilegítimos” a Claudio Crespo y añadió que “el uso de la escopeta antidisturbios constituyó el medio racionalmente necesario para el caso”, según la resolución que absolvió al exuniformado.
Aunque los magistrados reconocieron que Crespo fue el autor del disparo, el fallo sostuvo que un “diputado electo por el PC” se había sumado a manifestantes que agredían a Carabineros, portando una piedra, lo que según el tribunal apuntaría a la legítima defensa.
La Ley Naín‑Retamal, promulgada en abril de 2023 durante el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, fue impulsada por diputados de la UDI, Renovación Nacional y el Partido Republicano. La normativa busca, según su texto, “fortalecer y proteger el ejercicio de la función policial y de Gendarmería” y contiene disposiciones sobre sanciones y usos de la fuerza.
Entre las normas citadas en la ley figura que “el que mate a un miembro de las Fuerzas Armadas, en razón de su función de resguardo de la seguridad pública, será castigado con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado”. Otra disposición establece que quien emplee “artefactos incendiarios, explosivos, tóxicos, corrosivos o infecciosos” contra recintos policiales o militares será sancionado con penas que van “desde presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo”.
La modificación que más tensión generó por el caso Gatica es la denominada legítima defensa privilegiada. El texto legal plantea que cuando las fuerzas de orden “realicen funciones de orden público y seguridad pública interior (…) se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si, en razón de su cargo o con motivo u ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público y seguridad pública interior, repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero, empleando las armas o cualquier otro medio de defensa”.
El veredicto reavivó críticas desde el Frente Amplio y el Partido Comunista. El diputado Matías Ramírez (PC) respondió en su cuenta de X que “cuando se pacta con la derecha, la derecha es la que gana. Ley Naín‑Retamal solo permitió la impunidad en Chile frente a los abusos policiales” y añadió que sería apropiado que quienes se consideran progresistas y votaron la ley “den algún explicación”.
El exdiputado Hugo Gutiérrez (PC) publicó además la votación de 2023 y sostuvo: “Pase a ver, y no los olvide, a los Honorables que le dieron impunidad a las policías chilenas. Votación Ley Gatillo Fácil”, calificando luego a la normativa como “la ley maldita de Gabriel Boric”.
Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que el fallo “no permite concluir que haya sido relevante la aplicación” de la Ley Naín‑Retamal en la resolución del caso, con lo que intentaron matizar el vínculo entre la normativa y la absolución.
La discusión produjo tensiones internas en la coalición oficialista. El Partido Socialista anunció el “congelamiento de su participación en la alianza oficialista”, el PPD se manifestó en “reflexión” y el Partido Liberal adoptó la misma postura que el PS, según comunicados internos citados tras las críticas del PC y el FA.
La Ley Naín‑Retamal contó con el respaldo del bloque Socialismo Democrático en su aprobación, mientras que el Frente Amplio y el Partido Comunista la rechazaron en el Congreso.
