El proyecto presupuestario considera una reducción de recursos para financiar tratamientos de alto costo. Mientras el Gobierno asegura que las prestaciones vigentes seguirán cubiertas, parlamentarios han manifestado preocupación por el impacto que podría tener la medida en los pacientes.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 contempla una reducción de los recursos destinados al Fondo para Diagnósticos y Tratamientos de Alto Costo, asociado a la Ley Ricarte Soto, una normativa que entrega protección financiera para determinados medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo.
Según los antecedentes presupuestarios, el fondo pasaría de $189.696 millones en 2026 a $166.951 millones en 2027. La diferencia alcanza los $22.745 millones en términos nominales, mientras que, al considerar la inflación, la disminución se estima en cerca de $28.000 millones, equivalente a aproximadamente un 14% real.
La propuesta ha generado cuestionamientos en el Congreso, especialmente por la importancia de estos recursos para las personas que requieren tratamientos de alto costo y sus familias.
¿Qué dice el Gobierno sobre el recorte a la Ley Ricarte Soto?
La ministra de Salud, May Chomali, abordó la disminución presupuestaria y descartó que vaya a provocar la interrupción de los tratamientos actualmente cubiertos.
La secretaria de Estado sostuvo que las 27 enfermedades contempladas por el sistema mantendrán su cobertura y afirmó que la reducción de recursos no tendrá un impacto práctico en los pacientes. También planteó que la normativa debe cumplirse y que es necesario avanzar hacia un mecanismo de financiamiento sostenible.
Sin embargo, el debate se mantiene debido a las dudas sobre la suficiencia de los recursos disponibles, especialmente ante la posibilidad de incorporar nuevos tratamientos y responder a las necesidades de los beneficiarios.
¿Qué es la Ley Ricarte Soto y qué tratamientos cubre?
La Ley N.º 20.850 creó un sistema de protección financiera destinado a cubrir el costo de determinados diagnósticos y tratamientos de alto costo para enfermedades incorporadas a la normativa.
La cobertura contempla el financiamiento de medicamentos, dispositivos médicos y alimentos de alto costo que estén expresamente incluidos para las condiciones de salud garantizadas. Su objetivo es reducir la carga económica que estos tratamientos pueden representar para los pacientes y sus familias.
Por ello, la discusión presupuestaria no solo se relaciona con los montos asignados al fondo, sino también con la capacidad de mantener las prestaciones garantizadas y responder a futuras necesidades de tratamiento.
En paralelo, el Congreso busca aumentar el financiamiento
La reducción de recursos propuesta para 2027 coincide con la tramitación de una iniciativa legislativa que busca fortalecer el financiamiento permanente de los tratamientos de alto costo.
Entre sus propuestas se encuentra aumentar el aporte fiscal anual permanente al fondo desde $100.000 millones hasta $185.000 millones. El proyecto también plantea elevar de 80% a 90% el límite de recursos que pueden comprometerse en relación con el costo anual esperado del fondo.
Estas medidas forman parte de una reforma que todavía debe continuar su tramitación legislativa, por lo que no corresponden a recursos adicionales ya aprobados para el Presupuesto 2027.
De esta manera, el financiamiento de la Ley Ricarte Soto se instala como uno de los puntos de discusión del Presupuesto 2027. Mientras el Ejecutivo sostiene que se mantendrá la cobertura de los tratamientos vigentes, las críticas apuntan a la necesidad de garantizar recursos suficientes y dar certezas a quienes dependen de estas prestaciones.
