La ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, defendió este lunes la redacción de la ley de reajuste del sector público 2026 tras las críticas de la oposición que la acusan de generar un “amarre” de funcionarios. En entrevista con Radio Futuro, la secretaria de Estado sostuvo que la norma busca que las desvinculaciones sean “fundadas” y sometidas a plazos y motivaciones claras.
La oposición ha señalado que la medida sería un intento de mantener en el cargo a funcionarios afines al Gobierno. Frente a ello, Lobos afirmó que “se ha hecho un mal encuadre respecto de este tema”, y rechazó que la disposición constituya una protección automática.
Sobre el protocolo acordado con la Mesa del Sector Público, la ministra explicó que la norma otorga una posibilidad distinta a la de impedir desvinculaciones: “si uno mira en detalle la propuesta de protocolo que firmó el Gobierno con la Mesa del Sector Público, se ha destacado mucho el punto 14, que hay que decir que es la posibilidad, no de que no se desvincule al personal, sino que sea justificado y que efectivamente un acto motivado”, dijo en la entrevista.
Lobos recordó además que la regla general del derecho administrativo exige fundamentación en los actos: “si uno ve las reglas generales en el derecho administrativo, la ley 19.880, todos los actos tienen que ser fundados, y esto ha sido ratificado de manera muy importante, no solo por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, sino también de los tribunales de justicia”, afirmó.
En relación con los cargos de confianza, la ministra precisó que estos términos no implican estabilidad eterna: “los funcionarios de confianza ‘tienen que cesar el día que cesa la jefatura que fue nombrada'”, citó Lobos. Además, cuestionó el uso político del término “amarre”: “no me parece ajustado a la realidad establecer ese tipo de concepto” y sostuvo que “parece más este discurso y este encuadre como de campaña que de Gobierno electo y en ejercicio”.
Para cerrar su intervención, la secretaria de Estado enfatizó el compromiso de la administración con una transición ordenada: “Nosotros nos hemos comprometido de manera hacer un traspaso muy transparente, muy eficiente muy eficaz y desde luego esto es parte de aquello”, señaló.
Quedará por verse la incorporación definitiva de las reglas acordadas en el protocolo a la ley de reajuste del sector público 2026 y su aplicación práctica en los procesos de desvinculación, que según la ministra deberán ser motivados y notificados con plazo. La discusión sobre estos puntos mantiene expectante a sectores de la oposición y a trabajadores públicos.
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