La ministra de Obras Públicas, Jessica López, defendió desde Isla de Pascua que el bono por cumplimiento de metas pagado al Presidente Gabriel Boric forma parte del sistema estatal de incentivos y dijo que esos beneficios “son del Estado de Chile. Por lo tanto, van a seguir”. La controversia ha llegado al Congreso y varios diputados piden que el mandatario devuelva los montos.
López explicó que los pagos se enmarcan en el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y recordó que los bonos se entregaron en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2025, lo que elevó el sueldo presidencial a $10 millones.
Sobre si ella misma fue beneficiaria, la ministra afirmó: “En todo el Estado de Chile hay un sistema que considera un conjunto de indicadores de desempeño institucional y que en función a eso están asociados bonos, así que espero haberlos recibido”, y añadió que no está completamente segura de haber sido favorecida.
La secretaria de Estado defendió el mecanismo de incentivos y sostuvo que “sí, me parece bien, todas las autoridades de gobierno y todos los funcionarios del Estado de Chile tienen un componente que tiene que ver con el desempeño institucional”, argumentando que esos mecanismos promueven atención en la calidad y eficiencia de la gestión pública.
Respecto a cómo se fijan y fiscalizan esos indicadores, López dijo que “son todos indicadores que están definidos, se definen en cada inicio de año un conjunto de indicadores, se van poniendo cada vez más exigentes y posteriormente se chequea su cumplimiento”. Añadió que cada institución propone sus metas y que “por supuesto el Ministerio de Hacienda es el órgano que certifica, fiscaliza, todo este sistema”.
Frente a la reacción parlamentaria, el diputado Jaime Mulet (FRVS) comunicó que “va a oficiar a la Contraloría de la República para que se pronuncie respecto a la entrega de los bonos”. En esa línea, la ministra consideró que “no es necesario oficiar a la Contraloría, este es un sistema que existe, que es público, que están ahí los indicadores de cada uno de los servicios, las metas que están establecidas. Es una información del Estado que yo creo que está abierta”.
La discusión política se concentra ahora en la revisión pública y administrativa de los pagos: diputados solicitaron la devolución de los montos y la Contraloría podría recibir el oficio de Mulet para evaluar el procedimiento.
