El diputado Daniel Manouchehri (PS) aseguró que el test de drogas que se realizó el Presidente José Antonio Kast responde a una “estrategia comunicacional” para justificar que los ministros del Gobierno no habrían cumplido con una ley que obliga a someterse a ese examen al asumir.
En conversación con T13 En Vivo, Manouchehri afirmó: “El Presidente puede hacerse todos los test de drogas que él quiera y puede plantear todos los proyectos que él quiera hacer, pero lo importante sería que cumpla la ley actual”.
El parlamentario recordó que, junto a la senadora Daniella Cicardini y al diputado Juan Santana, impulsó la norma que impone a “ministros, subsecretarios, jefes de servicios y seremis” la realización de un “test de drogas en un laboratorio, de pelo, con resultado público, al momento de asumir”.
Manouchehri criticó además las explicaciones entregadas por la vocera de Gobierno, Mara Sedini. “Ayer (miércoles) yo escuchaba a la ministra dando excusas que son falsas, que son mentira, porque ella dice que no hay reglamento, que se requería un reglamento para poder ejecutar este test de drogas y eso es falso (…). Esta ley no contempla la necesidad de tener un reglamento”, dijo el diputado.
Sobre la excusa presupuestaria, añadió que “pareciera que son excusas para justificar un incumplimiento legal”, y puntualizó el costo estimado: “hablamos de un test en cada ministerio que le va a costar $250 mil hacerlo”.
Desde el Ejecutivo, según la nota, han afirmado que los ministros “cumplieron con realizarse el examen antes de asumir como secretarios de Estado”, aunque Manouchehri calificó de “ridículas” las explicaciones oficiales y advirtió que resulta “extremadamente grave” que la Presidencia reconozca el incumplimiento con un “bueno, se nos pasó”.
La controversia reabre la discusión sobre el cumplimiento de la ley que regula los test de drogas a autoridades al asumir y plantea expectación en el Congreso respecto a posibles indagaciones o solicitudes de fiscalización. La resolución del caso tendrá impacto en la transparencia y en la percepción ciudadana sobre el cumplimiento de normas por parte del Gobierno.
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