La candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, descartó que la derecha haya tenido responsabilidad en la exclusión de Daniel Jadue del padrón electoral, y atribuyó la decisión a organismos e instancias jurisdiccionales en el marco de las elecciones 2025 y los procesos ante el Servel y los tribunales electorales.
La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, había planteado que podría existir una “estrategia” para dejar fuera de la competencia al exalcalde de Recoleta y favorecer a postulantes de la UDI. “Probablemente es parte de la estrategia para poder garantizar la electividad del presidente de la UDI, Guillermo Ramírez”, afirmó Figueroa, quien además instó al dirigente a dar “respuestas de si lo que quería era competir con menos obstáculos, sin competencia. Si era eso, que lo sincere”.
Frente a esas acusaciones, Matthei respondió que la exclusión respondió a situaciones formales y no a una maniobra de su sector político. “Todas las chilenas y los chilenos saben perfectamente bien que han habido problemas muy graves justamente con las farmacias populares, donde realmente hubo una quiebra”, dijo la candidata. “Por lo tanto, son las instituciones las que lo han dejado fuera de la posibilidad de ser diputado. No ha sido la derecha ni la izquierda. Han sido instituciones que están absolutamente validadas”, añadió.
La impugnación contra Jadue comenzó cuando Renovación Nacional presentó ante el Segundo Tribunal Electoral Regional, el 28 de agosto de 2025, una solicitud para inhabilitarlo por estar acusado en una causa penal. En primera instancia, esa corte aprobó la candidatura, decisión que coincidía con la resolución previa del Servicio Electoral. Posteriormente, la colectividad apeló al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que el 12 de septiembre de 2025 determinó la exclusión definitiva del padrón electoral y, con ello, la imposibilidad de que Jadue compita por un cupo en la Cámara de Diputadas y Diputados.
La disputa entre partidos y las decisiones judiciales dejan resuelta, por ahora, la situación procesal de la candidatura, pero mantienen la tensión política entre la oposición y la centro-derecha en el contexto de las elecciones 2025. La resolución del Tricel marca un criterio que podría influir en futuras impugnaciones y en la fiscalización de candidaturas ante el Servel.
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