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Mensajes muestran respaldo del Gobierno a ProCultura, dice Larraín

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Reportajes T13 publicó conversaciones de WhatsApp que muestran cómo el exdirector de la fundación ProCultura, Alberto Larraín, coordinó con su equipo y con una colaboradora de la Gobernación Metropolitana para avanzar en un programa público por más de $1.600 millones, alegando respaldo político desde La Moneda.

Las conversaciones, difundidas en exclusiva por Reportajes T13, provienen de un grupo de WhatsApp creado el 3 de agosto de 2021 llamado “Correr el cerco”. En el chat participaban Alberto Larraín; María Teresa Abusleme, socióloga y jefa del área de estudios de la fundación; y Evelyn Magdaleno, identificada como colaboradora cercana del gobernador Claudio Orrego y designada por la Gobernación Metropolitana como contraparte técnica del programa.

Los mensajes detallan la gestión para concretar el convenio entre ProCultura y la Gobernación Metropolitana y dan cuenta de la confianza del equipo en el apoyo político. En una conversación fechada el 28 de junio de 2022, Larraín escribió: “Por cualquier cosa en el formulario dejamos explícito que ni la Tere ni yo recibimos honorarios de este proyecto. No olvides lo del Seremi”, en tanto Evelyn Magdaleno respondió: “Sii. Le avisé a la presidenta y lo comentaremos ahora”.

En la misma cadena, Larraín planteó la estrategia de traspaso del programa al Ministerio de Salud: “Lo otro es que son dos años porque la idea es que al tercero lo tome el Minsal. Tal como lo hicimos con (programa) Demencia”. Magdaleno replicó: “Ojalá sea así, cada día le tengo menos fe al gobierno jaja. Pero ese es un tema para un vino”. Posteriormente, Larraín afirmó: “Yo ya lo hablé con La Moneda. Me dijeron que sí o sí”.

La investigación apunta a que ProCultura ejecutó un programa de prevención del suicidio para el cual, según la querella, la fundación “no contaba con la experiencia técnica ni la capacidad financiera” necesarias. La querella sostiene que la organización firmó y ejecutó convenios para los que no tenía la experiencia requerida, lo que, según el texto judicial, implicaría una ilegalidad.

El programa en cuestión fue presentado en abril de 2023 y, según el reporte, su despliegue se vio frenado “apenas dos meses antes de que estallara el caso Convenios”, lo que impidió la continuidad de las aspiraciones del proyecto impulsado por Larraín y por Claudio Orrego. Además, el propio Presidente Gabriel Boric ha reconocido la cercanía que tuvo con Larraín, al señalar que estuvo “cerca de ser nombrado ministro de Salud”.

En el plano judicial, la situación sigue abierta: el gobernador Claudio Orrego enfrenta una solicitud de desafuero vinculada al caso, mientras que Alberto Larraín aguarda una formalización cuya resolución se ha ido dilatando.

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