El Informe Final de la Mesa de Reactivación Laboral, entregado el 26 de junio de 2026 al Ministro del Trabajo Tomás Rau, plantea 22 propuestas para enfrentar una cesantía que lleva 40 meses sobre el 8% y que en el trimestre febrero-abril de 2026 llegó a 9,1% (10,5% en mujeres).
Aunque el documento aborda cinco ejes (empleo femenino, subsidios, capacitación, regulación laboral e información), tres de sus componentes concentran el mayor peso reformista: la flexibilización del tiempo de trabajo, la reducción de los costos de despido y la construcción de un sistema de información laboral integrado.
Flexibilizar la jornada sin volver a las 45 horas
La Mesa no propone revertir la reducción legal de 45 a 40 horas semanales, pero sí corregir lo que considera su punto más rígido: el período de 4 semanas para calcular el promedio de la jornada, que según el informe convierte a Chile en el país más restrictivo de la OCDE en esta materia, frente a un promedio de 15 semanas entre los países que usan mecanismos similares.
- Propuesta 12 plantea extender ese período de referencia a 15 semanas (el promedio OCDE) o hasta 52 semanas, como en Alemania y Países Bajos, manteniendo el techo de 52 horas semanales ya vigente. La idea se sustenta en la experiencia francesa y portuguesa, donde la flexibilidad en la distribución horaria evitó destrucción de empleo al reducir la jornada legal.
- Propuesta 13 crea un mecanismo de reducción temporal de jornada ante shocks económicos inspirado en el Kurzarbeit alemán, donde el empleador paga el proporcional de horas trabajadas y el Seguro de Cesantía cubre total o parcialmente la diferencia, a cambio de que la empresa no despida a los trabajadores cubiertos durante la vigencia del pacto.
- Propuesta 14 simplifica la autorización de jornadas excepcionales en sectores de operación continua (minería, data centers, transporte público).
- Propuesta 16 busca revertir por ley la interpretación restrictiva que la Dirección del Trabajo y los tribunales han hecho de la polifuncionalidad desde 2022, permitiendo pactar funciones de distinta naturaleza en un mismo contrato, siempre que estén especificadas.
- Propuesta 19 habilita el teletrabajo sin sujeción a jornada para trabajadores con responsabilidades de cuidado.
El diagnóstico que sostiene estas propuestas es que la rigidez horaria eleva el costo laboral, especialmente en actividades estacionales: la Mesa calcula que ampliar el período de referencia a 52 semanas podría reducir el costo laboral anual en 9,4% para actividades con 12 semanas de alta demanda.
Abaratar y dar certeza al despido
El segundo eje busca reducir el costo y sobre todo la incertidumbre asociada a desvincular trabajadores, bajo la premisa de que ese costo desincentiva la contratación formal, particularmente de jóvenes y mujeres.
- Propuesta 15 propone evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio (IAS) que hoy puede llegar a 10 meses de sueldo, frente a un promedio OCDE de 3,2 salarios reemplazándola por una indemnización a todo evento financiada con una cotización adicional al Seguro de Cesantía, aplicable solo a nuevos contratos.
- Propuesta 17 busca “blindar” la causal de necesidades de la empresa (artículo 161 inciso 1° del Código del Trabajo), explicitando que incluye cierres, bajas de ventas o producción, y repone la “falta de adecuación del trabajador” como causal, luego de que su eliminación disparara el recargo del 30% por despido injustificado en esos casos.
- Propuesta 18 crea una mesa Trabajo-Justicia para abordar la creciente judicialización laboral y sus efectos en los costos de las empresas.
El respaldo empírico que cita el informe apunta en la misma dirección: estudios OCDE asocian una mayor generosidad de la indemnización por años de servicio a caídas de 1 a 2 puntos en la tasa de empleo, con efectos concentrados en jóvenes y mujeres, por el llamado “efecto candado” que traba la movilidad laboral voluntaria.
Información para medir lo que se está haciendo
El tercer eje, más breve pero transversal, busca cerrar un vacío que la propia Mesa constató al trabajar: la dificultad para verificar con datos duros el efecto de las políticas de empleo.
- Propuesta 21 pide al INE explicar técnicamente por qué la Encuesta Nacional de Empleo y los registros administrativos de la Superintendencia de Pensiones muestran trayectorias opuestas en el número de cotizantes entre marzo de 2022 y marzo de 2026 mientras la encuesta no refleja caída, los registros administrativos muestran 70 mil empleos formales menos.
- Propuesta 22 recomienda que el Ministerio del Trabajo construya un sistema abierto de microdatos anonimizados que cruce el Seguro de Cesantía, los programas de SENCE, el Registro Social de Hogares, la Dirección del Trabajo y las Superintendencias de Pensiones y de Seguridad Social, con identificadores enmascarados que permitan seguimiento longitudinal de personas y empresas.
El ministro Rau destacó que estas iniciativas fueron redactadas tras llegar a un consenso, “entonces tienen un valor también muy importante. Siempre he creído que cuando uno se sienta en una mesa y pone los argumentos, por muy legítimas diferencias que existen entre los integrantes, se puede llegar a acuerdos, y esto es una muestra de ello”.
Acá el informe completo.
