El director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, afirmó que el gobierno de Gabriel Boric tuvo la intención de regularizar a “más de 180 mil” migrantes empadronados en Chile y que ese plan quedó documentado en un escrito fechado el 3 de marzo, una semana antes de la transición presidencial. Sus declaraciones fueron entregadas en diálogo con Radio Infinita.
Sauerbaum, exdiputado que dejó el Congreso el 11 de marzo y asumió recientemente en la dirección del servicio, dijo que al revisar los antecedentes se encontraron con ese documento y que “les pilló de sorpresa encontrar un documento que establecía la regularización de los migrantes”.
Sobre por qué la medida no llegó a materializarse, el director aseguró que la decisión “se detuvo por la polémica que se generó y el rechazo que generó en la ciudadanía las declaraciones de Carolina Tohá”. En febrero, la exministra del Interior sostuvo en un podcast que “el gobierno actual tiene el deber de regularizar a esas 180 mil personas antes que llegue el próximo presidente, porque si no va a entregar a estas personas que se acercaron de buena fe con la idea de tomar contacto con el Estado y de dejar de estar escondidas, va a entregar en bandeja para que sean los primeros que son expulsados”.
Sauerbaum añadió que le resulta alentador que la medida no se haya concretado y explicó sus razones: “Cuando uno empieza a revisar los números se da cuenta que de esas 182 mil personas, 6 mil personas ya tuvieron un problema con la justicia o fueron encontrados en algún tipo de delito”.
El nuevo director también advirtió sobre prácticas engañosas dirigidas a personas en situación migratoria irregular. Según Sauerbaum, existe “una suerte de negocio tratando de engañar a los migrantes irregulares diciendo que pueden entrar a Chile de cualquier manera y después adentro se pueden regularizar. Eso no es así”.
Las afirmaciones del jefe del Servicio Nacional de Migraciones plantean interrogantes sobre la política de regularización impulsada en los últimos meses y sobre cómo fueron manejados los empadronamientos realizados entre 2023 y 2024. También abren un espacio de debate sobre controles y procedimientos para detectar antecedentes penales entre los solicitantes.
En lo inmediato, la información entregada por Sauerbaum podría motivar requerimientos de fiscalización y preguntas en la Cámara y el Senado acerca de las decisiones administrativas previas al cambio de gobierno y de las políticas de migración vigentes, temas de directa relevancia para la ciudadanía.
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