El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, calificó como parte de una “realidad compleja” la presunta fiesta descubierta en el penal Santiago 1 y anunció una investigación para determinar responsabilidades, en un nuevo foco de atención sobre el control interno y la infraestructura penitenciaria en Chile.
En entrevista con Radio Duna, Gajardo señaló que “eventos de este tipo y situaciones en las que Gendarmería tiene que estar actuando para mantener el control, son permanentes”. Añadió que la pesquisa buscará “determinar responsabilidades internas” y que “es probable que haya funcionarios involucrados y falta un control directo en ese módulo”.
El ministro explicó que, para desarticular las redes internas que permiten el ingreso de alcohol y teléfonos, “tenemos un trabajo sistemático con el Ministerio Público y las policías”. También defendió las medidas tomadas por su cartera, afirmando que “todos los índices relevantes para decir que uno tiene o mejora el control de un establecimiento penal, nosotros los podemos mostrar porque hemos invertido y hemos tomado acciones concretas”.
Gajardo aprovechó la instancia para ratificar la necesidad de aumentar la capacidad penitenciaria. “Construir más plazas de todas maneras necesitamos. En eso hay transversalidad”, subrayó, en referencia a la discusión sobre infraestructura y hacinamiento en los recintos penales.
El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, informó a la prensa que el centro Santiago 1 concentra “hasta ayer (domingo) a 6.550 internos” y detalló las hipótesis sobre cómo ingresaron las especies detectadas. Según Pérez, “en forma reiterada hemos tratado de describir cuáles podrían ser, en una cárcel de esta envergadura… las vías posibles de ingreso de estas especies”.
El uniformado enumeró los posibles canales: “Una de ellas es el ‘pelotazo’, otra vía es falta o deficiencia en los controles de visita y otra vía probable de ingreso de elementos y sustancias prohibidas es la circulación de funcionarios desde y hacia el interior del establecimiento”. Sobre el lugar donde se registró el asado calificó el hecho como “evidentemente irregular, gravísimo” y sostuvo que “ahí es desde donde tenemos que, con rigor, establecer fehacientemente cuál es la hipótesis que corre con más fuerza”.
Pérez además puso énfasis en la sobrecarga de custodia del módulo afectado: dijo que se trató de “una agrupación bimodular” en la que ambos módulos sumaban más de 500 internos y eran vigilados por apenas dos gendarmes. Al respecto, afirmó: “la relación gendarme-preso en esta unidad penal, es 85 reclusos por cada gendarme. En este caso, reitero, 569 internos para dos custodios. No podría aventurarme que se escapó de control, pero sí, evidentemente, irregular y, desde el punto de vista sanitario, poco recomendable”.
Las autoridades anunciaron la apertura de indagaciones internas y la coordinación con el Ministerio Público para establecer responsabilidades y eventuales sanciones. El caso vuelve a poner en primer plano el debate sobre hacinamiento, dotación de personal y controles en las cárceles.
