La Contraloría confirmó gestiones para acelerar la atención de la madre de la exministra Ximena Aguilera en el Hospital del Salvador, lo que reabrió el debate sobre probidad en el Ministerio de Salud y el papel del Gobierno en la conducción de servicios públicos.
El organismo fiscalizador informó que el 23 de diciembre la madre de Aguilera, Lucía Sanhueza, fue operada de urgencia tras sufrir una fractura de cadera en el Hospital del Salvador. La Contraloría determinó que hubo comunicaciones que podrían constituir “una intervención directa en el proceso asistencial”.
Según el informe, un asesor de la exministra, identificado como Manuel Nájera De Ferrari, se contactó con tres funcionarios del hospital: Jorge Zajjur Castro, director del recinto, quien estaba de vacaciones; María Elena Sepúlveda Maldonado, directora subrogante; y Allan Mix Vidal, jefe de la Unidad de Emergencia, quien se encontraba con feriado legal.
La entidad fiscalizadora calificó esas llamadas como una gestión que “no se ajusta a los protocolos establecidos” para los procesos asistenciales, según el reporte citado por la Contraloría.
En su momento, la propia Ximena Aguilera negó que existieran privilegios en la atención. “Mi madre fue evaluada y tratada en conformidad a las condiciones médicas del hospital”, declaró la exministra cuando se conocieron las primeras consultas sobre el caso.
El actual Ministerio de Salud, encabezado por la ministra May Chomali, respondió a los antecedentes señalando que “los procesos administrativos relacionados con los hechos recientemente conocidos sobre la atención de la madre de la exministra de Salud, están siendo llevados a cabo por el organismo competente, conforme a la normativa vigente”.
Desde la cartera agregaron: “Reiteramos que estamos a disposición de las autoridades para el correcto desarrollo de las indagatorias” y añadieron que “el ministerio reafirma su compromiso con la probidad, la responsabilidad institucional y el resguardo del bienestar de la población”.
El hallazgo de la Contraloría plantea un foco de atención sobre los protocolos de derivación y priorización en la red pública de salud y sobre la actuación de asesores vinculados a autoridades. Por ahora, las indagatorias administrativas continúan bajo la responsabilidad del organismo competente.
