El ministro de Vivienda, Carlos Montes, emitió una declaración pública para aclarar sus dichos tras vincular a un integrante del comando de la candidata oficialista Jeannette Jara con la toma de San Antonio, en un episodio que encendió la discusión política sobre la participación de funcionarios públicos en campañas. La polémica surge en pleno proceso electoral y toca temas de Gobierno, campaña y normativa sobre actividad política.
El episodio se inició durante su participación en Estado Nacional, donde Montes afirmó que “el dueño del terreno de San Antonio, una de sus manos derechas, también está en el comando de la señora Jara. Hay una cierta forma de hacer las cosas, que yo creo que esto es más o menos desde siempre”. En la misma intervención, dijo que, a su juicio, “al menos dos funcionarios de la cartera estarían apoyando la campaña de la exministra del Trabajo”.
Ante las declaraciones, Jeannette Jara respondió que lamenta que, a partir de sus críticas sobre la reconstrucción de Viña del Mar, “se generen otros debates que no tienen asidero” y afirmó: “La verdad desconozco a qué se refiere”. Su respuesta fue difundida luego de los señalamientos realizados por el ministro.
Para mitigar la controversia, el ministro Montes publicó una aclaración en la que sostuvo que “no tengo ni he buscado controversias, ni he querido responder a candidaturas electorales más que con la intención de aclarar ciertos puntos de la gestión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, fomentando así el diálogo constructivo en materia de vivienda”. Sobre el integrante del comando que mencionó, señaló que “corresponde a un ejemplo, mencionado en una conversación privada, que demostraría la diversidad de posiciones que existe en la sociedad. En ningún caso busqué individualizar ni establecer implicaciones políticas de ningún tipo. Lo que quise destacar es que hay diálogos diversos que son parte del ejercicio democrático”.
Además, Montes afirmó tener limitaciones en la evidencia sobre funcionarios públicos: “Como aclaré en la entrevista, no tengo antecedentes de que existan funcionarios públicos que realicen actividad política dentro de su horario laboral. Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ejercer sus derechos políticos siempre y cuando no contravengan lo establecido por la Contraloría”, declaró.
No se han informado medidas formales tras los intercambios de declaraciones. La controversia instala interrogantes en el ámbito político sobre la participación de militantes y funcionarios en campañas, y podría motivar requerimientos de aclaración por parte de actores políticos o control institucional. Siga la cobertura política en portalnacional.cl para más actualizaciones.
