El ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, confirmó ante la comisión de Relaciones Exteriores del Senado que mantuvo tres contactos con autoridades de Estados Unidos que le advirtieron sobre riesgos vinculados al proyecto del cable submarino con China, en medio de la controversia por la suspensión de visados decretada por Washington.
Según el relato del ministro, el primer aviso llegó a través de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos que comunicó a Guillermo Petersen, jefe de gabinete del subsecretario de Telecomunicaciones, sobre los riesgos y los “siete ciberataques de origen chino” que habrían afectado a empresas de telecomunicaciones y de construcción.
El 2 de febrero, agregó Muñoz, sostuvo una reunión con el embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd, donde le transmitieron la misma información. “Las tres reuniones entregan la misma información, pero quiero ser transparente respecto a todo el proceso completo que hemos tenido hasta acá”, dijo el secretario de Estado en la sesión con los senadores.
Días después, continuó Muñoz, la embajada gestionó una llamada telefónica desde Estados Unidos que él recibió y que le entregó “la misma información”. El ministro no precisó la fecha exacta del teléfono, pero aseguró que habría sido “alrededor del 8 de febrero”. Según información de La Tercera, esa comunicación correspondería a Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU.
En relación con las consecuencias internacionales del caso, la nota de Estados Unidos del 20 de febrero incluyó la suspensión de visados para tres funcionarios chilenos, entre ellos Muñoz, medida que fue justificada por la administración estadounidense por “socavar” la seguridad nacional.
Ante el Congreso y el Gobierno, el ministro dijo que tomó los antecedentes con seriedad y que los puso en conocimiento de La Moneda. “Yo tomo esos antecedentes y por supuesto me parecen de la mayor gravedad, y me dirijo de inmediato a conversar con Presidencia para transmitírselos”, afirmó Muñoz, añadiendo que su sugerencia fue “que tenemos que dejar sin efecto la firma que yo había llevado adelante y levantar una mayor evaluación de antecedentes a temas de seguridad nacional”.
El caso ha profundizado el debate sobre la evaluación de proyectos de infraestructura estratégica y la coordinación entre el Ejecutivo y organismos de seguridad, en un contexto de críticas desde la oposición y cuestionamientos en el Senado.
