El 30 de septiembre de 2025, diputados oficialistas anunciaron que presentarán una acusación constitucional contra el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa Márquez, tras el rechazo de la Corte Suprema a su remoción por falta de quórum, en medio del caso vinculado a los chats del abogado Luis Hermosilla.
El Pleno de la Corte Suprema rechazó la remoción de Ulloa por no alcanzar la mayoría requerida. Sobre esa resolución, la ministra María Soledad Melo señaló que “en la audiencia celebrada el día de hoy, sometido el asunto a votación, no se alcanzó el quorum que exige la norma constitucional citada. Esto es, la mayoría de los componentes de esta Corte Suprema”. Añadió que, “en consecuencia, atendido lo dispuesto en el artículo 80 de la Constitución Política de la República, el ministro sr. Antonio Mauricio Ulloa Márquez no queda removido de su cargo”.
Tras la decisión, los parlamentarios oficialistas replicaron con críticas al Poder Judicial y anunciaron la vía política-constitucional. El diputado Daniel Manouchehri (PS), querellante en el caso, afirmó que “la justicia no puede estar capturada por redes oscuras, los chilenos merecen tribunales justos e imparciales. La señal de corrupción que hoy entrega el Poder Judicial es devastadora. Jueces que debieron inhabilitarse, por su cercanía o por haber manifestado opinión previa, eligieron salvar a Antonio Ulloa”.
La diputada Daniella Cicardini —también querellante— sostuvo que “el Poder Judicial había asumido un compromiso con respecto a la limpieza profunda que había de hacerse y hoy día ha dado una mala señal. Hoy día se instala la corrupción, la duda y la suspicacia razonable por parte de los chilenos y chilenas”.
Desde la bancada independiente-PPD, la diputada Camila Musante cuestionó que “es francamente inaceptable, teniendo todos los antecedentes de que efectivamente él formaba parte de la red de operaciones del señor Hermosilla”.
Los congresistas oficialistas indicaron además que estudian la posibilidad de iniciar acciones contra ministros de la Corte Suprema que no se inhabilitaron y que podrían haber “faltado a su deber de probidad”. No se entregaron plazos concretos para la presentación formal de la acusación constitucional.
