La Superintendencia de Educación emitió una circular que incorpora el “enfoque de género” como eje transversal en los reglamentos internos de todos los establecimientos escolares, medida que desató críticas de parlamentarios de oposición que la califican como un “amarre ideológico” del Ejecutivo a punto de terminar su mandato.
La circular, fechada el 23 de diciembre, menciona la palabra “género” 76 veces y ordena que la elaboración y aplicación de los reglamentos y “toda medida que afecte a la comunidad educativa” considere esa variable, según informó El Mercurio. Una segunda remite a buenas prácticas sobre enfoque de género e incluye la “erradicación de estereotipos”.
Diputados y senadores de la oposición manifestaron su rechazo. El senador Gustavo Sanhueza (UDI), presidente de la comisión de Educación, afirmó: “El Gobierno quiere imponer su agenda ideológica a través de decreto, y eso es muy grave, porque finalmente está actuando de manera autoritaria, sin diálogo, sin transparencia, porque no se hace partícipe a los demás actores del sistema. Es un amarre ideológico. Le vamos a solicitar al Presidente entrante que lo deje sin efecto de manera inmediata, a contar del 11 de marzo”.
En la misma línea, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de la organización Acción Educar, señaló: “La superintendencia empieza a hacer un amarre al ponerse a dictar normas de efecto prácticamente inmediato, y literalmente el día de Navidad. Eso no es solo imprudente, es de mal gusto y muestra que han hecho bastante poco y eligen el último minuto para dar rienda suelta a una agenda ideológica”.
Desde el Ministerio de Educación, el titular Nicolás Cataldo dijo que “quizás” exista debate, pero aclaró que “es un diálogo que tiene la superintendencia con los propios sostenedores. A nosotros no nos corresponde como ministerio”.
La superintendenta Loreto Orellana, en respuesta escrita, defendió el proceso: “Se realizó un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación, que a su vez desarrolla permanentemente instancias participativas”. Añadió que “la legislación vigente no establece que ningún órgano fiscalizador deba efectuar consultas previas sobre determinados asuntos que regulará a las propias entidades que posteriormente serán objeto de su fiscalización, lo que no obsta a que en algunos casos se pueda realizar”.
La medida también generó preocupación entre sostenedores de colegios, que criticaron la rapidez y el alcance de las instrucciones. El episodio remite, además, a controversias previas: en 2023 la discusión sobre orientaciones en educación sexual afectiva derivó en anuncios de interpelación y una acusación constitucional contra el entonces ministro Marco Antonio Ávila.
